José Woldenberg
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A estas alturas no se puede tapar el sol con un dedo. Menos después del asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo. La delincuencia se extiende y se apodera de zonas del país. Los asesinatos, chantajes, desapariciones, extorsiones, tráfico de armas, de personas, de drogas, se multiplican y la primera obligación del Estado, la de ofrecer seguridad a los ciudadanos, no puede cumplirse o en el mejor de los casos, se cumple a medias o a cuartas.
Por el contrario, en algunos lugares, el Estado parece haber sido remplazado por las pandillas de criminales que cobran “impuestos”, amenazan y extorsionan y son el auténtico poder. Preguntas.
¿No es el momento para que, desde el gobierno, en lugar de salir a estigmatizar a sus opositores civiles, llame a todas las fuerzas políticas y sociales a forjar un frente común contra la delincuencia? ¿No sería posible que partidos, organizaciones civiles, medios de comunicación, universidades, los diferentes niveles de gobierno, los congresos y por ahí, se sentaran a una mesa de negociación para forjar, en conjunto, una política para restablecer la paz y cerrarle el paso a la violencia?
¿No sería pertinente forjar un frente nacional contra la delincuencia, convirtiendo su política en un lazo de unidad frente a un enemigo que todos los días pone en jaque a la República? ¿Seremos capaces de forjar una maxi coalición por la paz, que recorra de norte a sur y de este a oeste, sin que sea necesario deponer diferencias e incluso conflictos entre la diversidad de corrientes que modelan a la nación? ¿Crear un auténtico bloque unificado para acabar con una plaga que no solo azota a todos, sino que tensa y desvirtúa las relaciones sociales bajo la sombra de la persecución, la violencia y la amenaza?
¿No es la tarea número uno de la llamada agenda nacional restablecer un cierto orden en el cual las personas puedan moverse por su territorio con libertad al tiempo que obtienen seguridades para sus bienes materiales? ¿No es ese un terreno común que permitiría sumar fuerzas, aunque se mantengan las diferencias en los otros terrenos de los quehaceres sociales y políticos?
¿No queda claro que los monólogos gubernamentales no son capaces de llegar muy lejos, que los temas de la seguridad siguen escindiendo, digamos, a la parte “sana” de nuestra sociedad? ¿Es posible reconocer y legitimar la pluralidad política que es parte sustantiva de la nación y al mismo tiempo construir un camino conjunto ante los enemigos comunes?
Si lo anterior fuera posible, por lo menos los campos enfrentados, quedarían claramente trazados. Y lo que hoy aparece como una nebulosa confusa e inasible podría verse como un combate entre la civilidad y la barbarie.
Lo anterior, sin embargo, se enfrenta a potentes obstáculos, porque ¿cuántas autoridades de todos los niveles viven hoy en connivencia con los grupos delincuenciales? ¿cómo discernir con claridad cuáles funcionarios, empresas, organizaciones sociales, medios, etc., se encuentran actuando realmente en el campo de la ley y cuáles otras son cómplices y hasta socios de los destacamentos de malhechores? ¿es posible, a estas alturas, trazar una línea divisoria clara y contundente entre delincuentes y no delincuentes? Son cuestiones que quitan el sueño.
Pero, como se ve, las preguntas no parecen ser demasiado complejas. Las respuestas, sin embargo, no se vislumbran ni siquiera en el horizonte. Y por ello, el presente y el futuro inmediato pintan mal, muy mal.
