Carlos Angulo
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Existen múltiples comentarios sobre la contumacia (renuencia a cumplir) de la presidente de la República Claudia Sheinbaum respecto de rehusarse a cumplir la orden judicial emitida por una juez de Veracruz que manda eliminar la publicación en el Diario Oficial de la Federación de la reforma judicial recientemente aprobada.
La presidente, de una manera por demás ignorante de la ley y del sistema judicial, menciona que no cumplirá con la orden judicial porque no está basada en los dictados de la Ley de Amparo. Independientemente que pueda tener razón o no en ello, supongo (digo “supongo”, porque le doy el beneficio de la duda de que ignora cómo opera el Estado de Derecho y que sus asesores la engañan al respecto) que lo que no sabe la presidente es de que, conforme al orden jurídico nacional, ella no puede legalmente rehusarse a cumplir con un mandato judicial, aduciendo su falta de motivación y fundamentación, ya que nadie puede aplicar la ley por su propia mano, sino que se tiene que ceñir a los procedimientos de impugnación previstos en la propia ley de amparo; es decir, recurrir ante el Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente para que, si corresponde, anule la orden judicial emitida por la juez veracruzana.
La señal que manda nuestra presidente es por demás preocupante, ya que podríamos los ciudadanos u otras autoridades, a simplemente negarnos a cumplir las órdenes judiciales porque consideramos que son ilegales. Esto puede generar un caos de gobernabilidad.
Precisamente. el Estado de Derecho es la amalgama necesaria para mantener un orden entre los componentes del Estado, que son el pueblo, gobierno y territorio, a fin de que el pueblo conviva de forma civilizada frente a las acciones del gobierno que está limitado por el llamado principio de legalidad a hacer únicamente lo que la ley expresamente le permita, mientras el ciudadano únicamente está obligado a hacer, u omitir en su conducta, lo que expresamente le está ordenado o prohibido.
Como ejemplo de lo importante que es esto, puedo mencionar el estudio que hizo el maestro Pablo González Casanova, expresado en su libro la Democracia en México (Ediciones Era, 1965), describiendo las actividades de la Suprema Corte de Justicia, desde 1917 a 1960, cuando el PRI estaba en su apogeo de autocracia en el país, aproximadamente 1/3 de los amparos en contra directamente del presidente de la República fueron concedidos en plena hegemonía. De esos, la mayoría fueron promovidos por empresas petroleras y bancos, otros fueron interpuestos por empresas mercantiles y propietarios de inmuebles, la minoría se promovieron por obreros y campesinos. Todos esos fueron cumplidos por el presidente.
Con esta información quiero hacer hincapié que ni en la época del máximo dominio del PRI, se incumplieron los mandatos judiciales. No cabe duda de que entonces había un gran dominio del Poder Ejecutivo sobre el Poder Judicial y que muchas situaciones conflictivas ni siquiera llegaban al nivel de conceder amparos en contra del presidente todo poderoso, pero nunca se vio una actitud de desprecio al Estado de Derecho por parte del presidente hacia los mandatos judiciales.
Todo este incumplimiento por parte de las autoridades actuales, destacándose la de la presidencia misma, nos lleva a que, tanto los ciudadanos como las empresas, no confiarán en el Poder Judicial para resolver los problemas que tengan con el gobierno (dígase el Ejecutivo o el Legislativo, el Poder judicial forma también parte del gobierno, pero no tenemos evidencia que los integrantes del propio poder incumplan resoluciones judiciales).
Ello genera gran incertidumbre para emprender negocios e invertir en ellos, para llevar a cabo cualquier actividad que implique lidiar con la autoridad. Si no hay alguien quien dirima las controversias suscitadas con la autoridad, no hay forma de que mucha gente quiera enfrentar ese riesgo, ya sea en situaciones de índole fiscal (en donde la prisión preventiva oficiosa amenaza a que ingreses a la cárcel sin que seas declarado culpable), de naturaleza de permisos y concesiones, o de abusos de autoridad en donde haya multas, embargos y expropiaciones.
Esperemos que nuestra presidente recapacite en esta muestra de falta de respeto por el Estado de Derecho y gobierne siguiendo los parámetros dictados por la Constitución y las leyes emanadas de ella, a las que ella protestó cumplir y hacer cumplir.
