Alfonso Zárate
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¿Por qué hacer las cosas bien cuando se pueden hacer mal? El tosco manejo de la investigación contra Ernesto Ruffo Appel parece formar parte de los usos del poder: no hay el menor cuidado de las formas porque de lo que se trata es de dejar en claro este mensaje: que sepan todos que estamos en control, que tenemos el poder y se chingan, que podemos irnos contra cualquiera porque tenemos una fiscalía de consigna (como fiscal de la Ciudad de México, Ernestina Godoy mantuvo en la cárcel a Alejandra Cuevas con delitos fabricados) y jueces del bienestar para imponer las sentencias que les dictemos.
Mientras el juez de carrera Mario Elizondo negó las órdenes de aprehensión, un nuevo intento de la Fiscalía General encontró en la jueza “electa por el pueblo” Alejandra Ramírez de la Vega, la resolución esperada para 23 indiciados, a quienes agregaron a Ernesto Ruffo.
Mientras los indicios que comprometen a figuras relevantes de Morena (Adán Augusto, Rubén Rocha, Marina del Pilar, Américo Villarreal y Alfonso Durazo, entre otros) permanecen arrinconados, súbitamente se arma el expediente de una figura emblemática de la oposición.
Los viejos vicios están presentes: la opacidad de las audiencias con el argumento trillado de la seguridad nacional, jueces que liberan a figuras reconocidas del crimen organizado y protegen a gobernantes de un juicio político, pero ahora están a cargo de juzgadores electos por el pueblo: Si había dudas sobre lo que significaría reemplazar a juzgadores de carrera por militantes, ahora todo está claro: fiscales y jueces carnales.
La acusación contra Ruffo no solo le pega a una figura de la oposición, sino también a Somos México, pues es miembro de su Consejo Consultivo y los sabuesos de la FGR buscan posibles aportaciones de dinero sucio a la construcción del nuevo partido.
Con la aprehensión de Ernesto Ruffo, la 4T da un paso adelante, ya no se trata meramente de agresiones verbales e intimidación a quienes asumen como contrarios, sino de utilizar todos los instrumentos que fueron construyendo para intimidar y meter a la cárcel a los opositores incómodos.
Pero el montaje con Ruffo no es suficiente para ocultar las revelaciones de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, que se mostró dispuesta a cumplir el infamante papel de informante al servicio de un gobierno extranjero.
El Código Penal federal, en su artículo 123, tipifica como delito de traición a la patria al mexicano que “invite, solicite o acepte intervención de un gobierno extranjero en los asuntos internos de México…”.
Pero Marina del Pilar no tiene de qué preocuparse: la presidenta Claudia Sheinbaum y el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, ya dijeron que consideran esas revelaciones intrascendentes, triviales y están concentrados en el asunto Ruffo, en el que, ha dicho la Presidenta, “hay muchísimas pruebas, muchísimas pruebas” y, como sabemos, ella nunca miente.
