Ciudad de México.- La Cámara de Diputados avaló los cambios del Senado a la Ley del Impuesto sobre la Renta (ISR), que exenta a la industria automotriz y los expendedores de gasolina y diésel de los límites a la deducción fiscal, aprobados en octubre y que aplican a las grandes empresas.
Luego de su aprobación en la mañana, en la Comisión de Hacienda y Crédito Público, la minuta fue avalada por el pleno de San Lázaro por 349 votos en favor, de Morena y sus aliados, a los cuales se sumó MC, por 92 en contra, del PAN y el PRI.
Aunque se presentaron reservas a los cambios –que fueron presentadas por solo un orador por partido–, ninguna fue avalada, por lo que el documento fue enviado al Ejecutivo para su publicación en el Diario Oficial de la Federación y posterior entrada en vigor.
El pasado 14 de octubre, la Cámara aprobó la Ley del ISR y la envió para su ratificación al Senado, pero el 27 de octubre esa cámara ajustó el documento, al modificar el artículo 78-E, a partir de aprobar una reserva del coordinador Ignacio Mier y Emmanuel Reyes Carmona, cercano al secretario de Economía, Marcelo Ebrard.
Con la modificación se dejó fuera a la industria automotriz terminal y a las gasolineras de un mecanismo de control de deducciones autorizadas y pérdidas fiscales, que tiene como límite 50 millones de pesos, al considerar que se trata de actividades que, por su naturaleza e importancia, requieren un tratamiento diferenciado.
«Son cambios necesarios»: Morena
Al argumentar en favor de los cambios hechos por el Senado, el presidente de la Comisión de Hacienda, Carol Antonio Altamirano (Morena), señaló que las modificaciones son necesarias porque “consideran particularidades operativas y económicas de determinados sectores productivos, a fin de evitar efectos que puedan dañar injustamente su competitividad y desarrollo”.
Por lo que se refiere a las compañías de ensamblaje de autos, dijo, éstas “presentan características operativas y fiscales similares a las empresas que realizan operaciones de maquila, las cuales ya se encuentran contempladas en las excepciones previstas en el citado artículo”.
En cuanto a la exención para las gasolineras, el objetivo es atender “las particularidades de una actividad formal y altamente regulada cuyos costos de adquisición inciden directamente en sus condiciones de operación y cuya capacidad para trasladar incrementos de costos al consumidor final puede verse limitada”.
También en defensa de los cambios del Senado a la Ley del ISR, el petista José Antonio López Ruiz apuntó que de esta forma se incorporan “reglas diferenciadas para sectores que operan bajo condiciones económicas y regulatorias específicas”.
Con las modificaciones, recalcó, “el gobierno de México reconoce a estos sectores, porque necesitamos un Estado con capacidad para financiar los derechos sociales, pero también una economía que genere inversiones oportunas y empleos dignos”.
Rechazo del PRI y PAN
Por su parte, las bancadas del PRI y PAN señalaron que, desde la discusión del dictamen en San Lázaro, advirtieron la necesidad de hacer los cambios que terminó por realizar el Senado, y que incluso la morenista Rocío Abreu se sumó a esa propuesta, que tampoco prosperó.
De igual forma, alertaron que la industria automotriz y las gasolineras no son los únicos sectores que requieren estar libres de los límites a las deducciones fiscales, pues también hay otros que lo requieren, pero fueron ignorados en la modificación hecha por el bloque de mayoría en el Senado.
El vicecoordinador económico de la bancada del PAN, Héctor Saúl Téllez, lamentó que el documento analizado “carece de la opinión de las cámaras empresariales en donde están agremiados sectores importantes productivos de nuestro país que hoy con este tipo de dictámenes se están vulnerando”.
En ese tono, advirtió que entre los sectores empresariales que se dejan fuera de las excepciones están los de las autopartes, la venta de autos y los distribuidores de gas LP.
Por ello, “lo único que se hace es desincentivar, la inversión, crear regímenes especiales, agregar incertidumbre, lastimar el fomento del empleo y obligar a estos sectores empresariales a litigar sus derechos a través de los amparos”.
De su lado, el priísta Emilio Suárez Licona recordó que el Senado tuvo que “enmendarle la plana” a la Cámara”, a pesar de que, en la discusión inicial del dictamen en San Lázaro, la oposición ya había advertido de la necesidad de hacer cambios para no perjudicar a ciertos sectores empresariales.
“En las dos consideraciones que nos proponen se establece que se coincide con la colegisladora en los cambios. Y la pregunta es, ¿por qué ahora sí se coincide con este planteamiento y antes, incluso cuando se presentaron reservas por parte de distintos grupos parlamentarios, no se coincidió? ¿Qué cambió? ¿Por qué ahora estamos de acuerdo?”, cuestionó.
Con información de La Jornada.
