José Woldenberg
___________________________
“La democracia y las elecciones competitivas parecen excluirse mutuamente con la violencia. En el predominio de las primeras, el campo para la otra se acota, desaparece, o si existe, pierde legitimidad ante los ojos de la mayoría, dentro como fuera del país”.
Eso escribió Salvador Romero Ballivián en su muy informado libro Elecciones en América Latina (Tribunal Supremo Electoral —de Bolivia— e IDEA. 2020. 590 págs.).
Y en efecto, habla de un tipo de violencia, aquella que persigue algún tipo de objetivo político. Porque si el espacio se encuentra abierto para que la diversidad de opciones pueda competir de manera civilizada, es decir, pacífica, los promotores de golpes de Estado, revueltas o revoluciones, asonadas o guerrillas ven estrecharse sus posibilidades.
Eso sucedió entre nosotros. A partir de la reforma política de 1977 fuimos testigos no solo del decremento de las apuestas armadas, sino de la incorporación de muchos de sus integrantes a la vía institucional del quehacer político.
Y cuando el primer día de 1994 nos amanecimos con la noticia de un levantamiento armado por parte del EZLN, no fue casual que partidos de muy diversas orientaciones y sus respectivos candidatos presidenciales cerraran filas para darse garantías mutuas de que las elecciones transcurrirían de la mejor manera posible.
Se reformaron normas constitucionales y legales y el IFE tomó una serie de medidas acordadas para multiplicar las certezas de imparcialidad y fomentar la equidad en la contienda.
Hoy, sin embargo, sacuden a las elecciones, otro tipo de violencia, la delincuencial. “La violencia —dice Romero— ya no atenta contra las elecciones, sino que se cuela en ellas… (sus promotores) usan la violencia de manera dosificada para vencer y alcanzar metas que se sitúan fuera de la esfera política” y muchas veces se concentra en el terreno local.
Es lo que estamos viviendo en nuestro país. Tengo la impresión de que antes los grupos delincuenciales observaban de lejos los comicios y luego actuaban sobre las nuevas autoridades con amenazas, chantajes y muestras de fuerza. Pero desde hace algunos años no se conforman con eso.
Su afán de controlar territorios y rutas de paso los ha llevado a incidir directamente en los procesos electorales, colocando candidatos propios o a sus socios en alianza con partidos, intimidando, secuestrando e incluso matando a rivales. Testimonios sobran.
Por supuesto, esa irrupción impacta de manera rotunda y desvirtúa el mismo sentido civilizador de las auténticas elecciones. No solo inyecta temor y tensión, no solo enrarece el ambiente, sino que adulteran la voluntad de los votantes y poco a poco hasta parecería que la sociedad se acostumbra a esa profunda anomalía.
Romero encuentra, al analizar el impacto de esa violencia en las elecciones de 18 países de América Latina, que existe una correlación entre el incremento de la violencia y la menor participación. Y no es para menos. En lugar de que las elecciones sean una fiesta cívica, un momento en el que los ciudadanos optan por las muy diferentes corrientes políticas, se transforman en momentos de tensión y miedo.
Y si todo ello fuera poco, la acción de esos grupos delincuenciales durante los procesos electorales (sobre todo en comicios locales), devela de manera dramática “la escasa o débil presencia del Estado”.
Ellos nacen y se reproducen en una especie de vacío estatal, en una tierra de nadie, que ocupan sin coartada política alguna, solo para seguir alimentando sus prósperos y criminales negocios.
