Ciudad de México.- Entre protestas de la oposición e inconformidad de algunos morenistas, el Senado aprobó la nueva Ley de Economía Digital para Pagos Digitales y Electrónicos, encaminada a promover la utilización masiva de operaciones vía tarjeta de crédito, transferencias, códigos QR y otros medios electrónicos.
La minuta, que fue remitida al Ejecutivo federal para su promulgación, no plantea eliminar de forma inmediata y generalizada los pagos con dinero en efectivo, pero faculta al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) a determinar, en un plazo de 15 días hábiles, los sectores estratégicos y actividades relevantes en los que los pagos digitales podrán convertirse en la única forma de pago, bajo condiciones y plazos de transición específicos.
La iniciativa presidencial se aprobó con 73 votos a favor de Morena y aliados, y 34 en contra, de la oposición y del senador guinda Ricardo Sheffield, quien en tribuna consideró que fue “un gravísimo error” que “un tecnócrata que no fue electo sino designado, pueda generar de hecho un monopolio o un control de precios, fatales para el pueblo mexicano”.
Lamentó que no se le hubiera dado una revisión de fondo y, cuando la panista Verónica Rodríguez le preguntó si había votado en contra, respondió: “Sí, fui el único pendejo”.
Fue uno de los puntos que más discutió la oposición, incluso después de que el presidente de la Mesa Directiva, Higinio Martínez, expusiera que el dictamen fue sometido a una revisión con base en las preocupaciones de los legisladores.
Morena defiende inclusión financiera
“No se trata solamente de modernizar la manera de pagar, se trata de reducir las dificultades que enfrentan las personas y los pequeños negocios para participar en la economía”, recalcó el presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, Manuel Huerta Ladrón de Guevara.
“Digitalizar una operación no resuelve por sí mismo las desigualdades económicas, pero contar con instrumentos que faciliten las transacciones, reduzcan trámites y amplíe posibilidades de acceso a servicios financieros puede contribuir a enfrentarlas”, resaltó.
Igualmente, el presidente de la Comisión de Economía, Emmanuel Reyes, defendió que la legislación busca ampliar la inclusión financiera, facilitar las transacciones y fortalecer a las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPymes).
Expuso que México cuenta con infraestructura como el Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI), CoDi y Dimo, pero su utilización todavía no alcanza a todos los sectores.
Al presentar el dictamen, resaltó que durante 2025 se realizaron más de 7 mil 300 millones de transferencias mediante SPEI. Los pagos digitales pueden ayudar a los pequeños negocios a registrar sus ingresos, ampliar sus modalidades de cobro y generar historiales de operaciones que faciliten la evaluación de solicitudes de crédito, insistió.
Advierten riesgos por obligatoriedad de pagos digitales
Senadores del PAN, PRI y MC, en cambio, advirtieron que la reforma podría imponer costos adicionales a comerciantes y consumidores, además de ampliar la capacidad de vigilancia gubernamental sobre las operaciones financieras.
El senador panista José Máximo García cuestionó que la Secretaría de Hacienda pueda determinar los sectores en los que el pago digital será obligatorio, sin que, a su juicio, existan criterios suficientemente claros. Advirtió que en comunidades rurales persisten problemas de conectividad y acceso a servicios bancarios, preocupación compartida por Néstor Camarillo, de MC.
Bajo ese mismo argumento, la senadora priísta Carolina Viggiano resaltó que no hay la infraestructura necesaria e insistió en que “No puede ser que le demos esta facultad a hacienda, ya conocen Hacienda ni siquiera a ustedes los reciben, ni siquiera aceptan que cambien una coma, son autoritarios y ellos lo único que quieren es recaudar dinero”.
Su compañera de bancada, Claudia Anaya, señaló que la nueva ley entra en contradicción con la Ley Monetaria e insistió en que no se establece de forma concreta el periodo de transición para pasar únicamente a los pagos digitales.
De acuerdo con el régimen transitorio, una vez que el decreto entre en vigor, Hacienda tendrá 15 días hábiles para determinar los sectores y actividades en los que podrá establecerse la exclusividad de los pagos digitales.
Posteriormente, las autoridades competentes contarán con otros 15 días hábiles, a partir de la publicación de esa determinación, para emitir las disposiciones correspondientes y establecer los mecanismos de transición.
La propuesta también contempla que, cuando una contingencia técnica o de conectividad imposibilite recibir pagos electrónicos, se permita temporalmente el uso de efectivo o cheques.
Además, vincula los pagos digitales con herramientas de gobierno electrónico, como la CURP Digital, el Expediente Digital Ciudadano y la Plataforma de Establecimientos Mercantiles, con el objetivo de reducir tiempos, desplazamientos y cargas burocráticas para las empresas, se destaca en el dictamen.
Con información de La Jornada.
