El jueves 7 de marzo, durante la reunión de primavera del Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra, un grupo de 36 países dirigió una carta al Reino de Arabia Saudita. Según CNN, la misiva “instó al Reino a liberar a los activistas de derechos humanos encarcelados por ejercer sus libertades fundamentales, y a divulgar toda la información disponible sobre el asesinato del periodista Jamal Khashoggi. La carta también solicitaba la liberación de tres mujeres defensoras de los derechos de las mujeres, y que se respetara la libertad de expresión y de asociación en Arabia Saudita”.
El lector se preguntará: ¿y a mi qué diablos me importa? Con tantos temas pendientes en México sobre los cuales escribir, ¿cuál puede ser la pertinencia de un comentario sobre Arabia Saudita, en Ginebra, en un Consejo de apenas 45 miembros? La respuesta es muy sencilla. Entre los 36 países firmantes, figura toda la Unión Europea, Canadá y Australia, pero ni Estados Unidos ni México.
Es obvio por qué Trump no firmó: es el principal aliado del príncipe Mohammed Bin Salman, hijo del rey y verdadero jefe del reino, además de ser el nuevo BFF de Jared Kushner, yerno del presidente norteamericano. El caso de México es también evidente. No firmamos –a reserva de que la Cancillería se digne a ofrecer otra explicación– porque el gobierno de López Obrador es congruente.
Se opone a cualquier crítica, a cualquier país, por cualquier motivo, en cualquier foro, que tenga que ver con derechos humanos. No se pronuncia sobre las violaciones a los derechos humanos en Venezuela, en Nicaragua o en Cuba, ni en Estados Unidos a propósito de los mexicanos y centroamericanos, ni de la ejecución por un gobierno de un periodista contestatario. Nunca, nadie, en ninguna parte.
El caso de los centroamericanos en la frontera norte es sintomático. López Obrador primero dijo que sólo recibiría a varones solicitantes de asilo, en Tijuana, y poquitos. Estados Unidos insiste en que será en todos los cruces fronterizos, y a familias enteras, incluyendo a menores de edad. México sostiene que es por razones humanitarias, pero no se entiende por qué esas razones no pueden ser atendidas en Estados Unidos.
Los números van a incidir mucho. El pasado mes de febrero llegaron 76 mil migrantes a Estados Unidos, la mayor cifra en 12 años. A raíz de su nacionalidad, de su situación y de su inteligencia, hay hoy, según CBP, más de cincuenta mil no mexicanos en diversos centros de detención cerca de la frontera mexicana-estadounidense. ¿Los vamos a recibir a todos?
Arabia Saudita sí importa, porque los derechos humanos sí importan. Ningún gobierno que se confiesa indiferente frente a casos como los de Venezuela, Nicaragua, Cuba, los territorios ocupados de Palestina, y los centroamericanos en Estados Unidos, va a preocuparse de los derechos humanos en su propia casa. Ya se suspendió el programa de entrega de visas humanitarias en México, aunque el gobierno no lo haya anunciado. Eso, en cuanto a centroamericanos se refiere.
¿Puede alguien sentirse seguro de que el gobierno de AMLO, con su nueva Guardia Nacional, va a respetar los derechos humanos de los mexicanos en México, si no le interesan fuera de México? Yo creo que no. Llegará el día en que no va a respetar ni los derechos humanos de sus adversarios, ni la libertad de expresión, ni de quienes se opongan a tal o cual proyecto que a la 4T le interese o le convenga (Tren Maya, Transístmico, central eléctrica, etc.). Quienes piensan que los derechos humanos son como las salchichas –se pueden rebanar sin problema– se darán cuenta muy pronto de su error de apreciación. En México y Arabia Saudita.
