La muerte fue esperada y hasta entendida cuando asistimos al fallecimiento de un sinnúmero de amigos o parientes cercanos a causa de la reciente pandemia, pero en otras circunstancias, toma por sorpresa a personas que casi aseguraban ver el día siguiente. Eso les sucedió a los migrantes que fallecieron en el incendio del pasado lunes 27 de marzo en Ciudad Juárez, Chihuahua.
Frontera con El Paso, Texas, Ciudad Juárez está muy lejos de todo el mundo, pero muy cerca cuando se trata de opinar sobre sus problemas, trátese de mujeres asesinadas, motines en el CERESO o disturbios de los migrantes.
Éste último saltó a la palestra para ocupar las primeras planas de los noticieros nacionales e internacionales cuando un grupo de migrantes encerrados con candado en las instalaciones del Instituto Nacional de Migración, molestos por una incierta disposición de repatriación a sus países de origen, decidieron quemar las colchonetas en el lugar donde estaban confinados. Lo funesto fue que no hubo llave del candado que les permitiera salir.
El video muestra a dos hombres que se percatan del fuego y se alejan del lugar; minutos después llegaron los bomberos, las ambulancias auxiliaron a los sobrevivientes y el SEMEFO se encargó de los 39 cuerpos hasta este momento, para practicarles la necropsia de ley.
Los hechos entristecen, dejan sin aliento y en los distintos círculos de opinión se preguntan ¿cómo se pueden morir 39 personas así de fácil? Lo siguiente ha sido el deslinde de responsabilidades y absolutamente todos bajo un manto de indignación.
Se indigna el secretario y le echa la culpa al otro, —yo no fui, fue teté—, los presidentes de países centroamericanos lamentan la muerte de sus paisanos. Indignados se manifiestan líderes de opinión en algunos medios de comunicación y el hecho no es para menos, aunque la desgracia sea solamente la cara visible de un problema mayúsculo.
Los indignados no recuerdan o ignoran que una gran parte de los migrantes son rehenes de las bandas que los conducen hasta las fronteras mediante ingentes sumas de dinero y a su arribo, son encerrados en casas de seguridad hasta que les quitan el último centavo. Los que llegan por su cuenta, no corren con mejor suerte, deambulan por la ciudad y pernoctan a la vera del río Bravo, justo en la línea divisoria internacional o en casas abandonadas y maltrechas, se les ve tocando puertas pidiendo algo de comer, también parados en los cruceros, estirando la mano o limpiando vidrios, en suma, viviendo de la caridad pública.
El problema es complejo, se buscan culpables y se olvida que las políticas migratorias son la resultante de los acuerdos entre los gobiernos de ambos países y en el caso de México-Estados Unidos, a la fecha no se ha visto en la práctica, el apoyo económico que se requiere para recibir en condiciones humanitarias a quienes logran internarse en el vecino país y son expulsados a México.
Pese a todo, durante el 2022 en Ciudad Juárez, una frontera enclavada en el desierto con millón y medio de habitantes y con los mantos acuíferos a punto del agotamiento, llegaron poco menos de un millón de migrantes pero en la medida de las posibilidades, y con la confluencia de los gobiernos federal y municipal se les atendió, en ello también jugaron su labor de auxilio las organizaciones evangélicas y católicas.
Más allá de toda indignación, cuanto bien les haría a los migrantes y a las autoridades en materia migratoria, entender el tipo de sociedades trashumantes que llegan a pie, escondidos en carros del ferrocarril o en cajas de tráileres. Individuos que en ocasiones no tienen el español como su idioma primario, familias mono parentales, es decir, compuesta por una madre y un niño y casi nula educación primaria en una suerte de discapacidad social.
Entenderlos es el primer paso, el reto entonces es ofrecer alternativas, diseñar programas, regularizar su situación en la medida de lo posible, agilizar los trámites para que puedan trabajar en nuestro país mientras llega la oportunidad de que crucen la línea fronteriza y cumplan el sueño americano.
