Ciudad de México.- La Fiscalía General de la República (FGR) imputó formalmente a Rosario Robles que tenía conocimiento de que, tanto en la Secretaría de Desarrollo Social, así como en la de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano, hubo desvíos de recursos por 5 mil 73 millones 358 mil 846 pesos a través de 27 convenios con universidades autónomas, politécnicas, así como con sistemas de radio y televisión estatales.
Durante el inicio de la audiencia en el Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Sur, los fiscales acusaron que Robles Berlanga fue omisa al haber sido informada por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) sobre las irregularidades presentadas en las dependencias que encabezó entre 2012 y 2018 y nunca decírselo al presidente Enrique Peña Nieto.
Al inicio de la audiencia, la defensa de la ex funcionaria federal tuvo un primer revés pues buscaba dejar fuera del proceso a la ASF con argumentos legales; sin embargo, el juez de control Felipe de Jesús Delgadillo concluyó que la Auditoría «sí tiene facultades para defender a la hacienda pública y ser parte de la investigación y el proceso», por lo que se le debe reconocer el carácter de ofendido.
De acuerdo con la versión, le reportaron las anomalías año con año de 2014 a 2018, sin que hubiera una contra orden para impedirlas.
De hecho, estos tres testigos colaboradores declararon que en una reunión celebrada en junio de 2014 entre funcionarios de la Sedesol con Juan Manuel Portal, entonces titular de la Auditoría Superior de la Federación, éste le dijo a Robles de los actos de corrupción que habían detectado y de los cuales también supuestamente fue omisa.
Los testigos son José Antolino Orozco Martínez, exjefe de la Unidad de Políticas, Planeación y Enlace Institucional; Marcos Salvador Ibarra Infante, exdirector general de Coordinación de Delegaciones, y María del Carmen Gutiérrez Medina, exjefa de la Unidad de Políticas, Planeación y Enlace Institucional en la Sedatu y la desaparecida Sedesol, quienes ya colaboraron con la FGR al haber recibido el beneficio del criterio de oportunidad.
Los fiscales informaron que son 27 los convenios generales o de coordinación, los contratos particulares y los apéndices que se simularon dentro de esta trama delictiva para desviar los más de 5 mil millones de pesos a través de universidades públicas de Morelos, Quintana Roo, Chiapas e Hidalgo.
Por un momento el equipo legal de Rosario Robles puso en aprietos a la fiscalía al solicitar con precisión exacta cuáles y cuántos eran los convenios en los que se involucra a su defendida.
El juez de control decreto un receso de dos horas por lo que será a las 5 de la tarde cuando se reanude la audiencia inicial de Rosario Robles. (Excélsior)
