Ciudad de México.- A principios de la década de 1990, el gobierno del presidente Carlos Salinas de Gortari privatizó la banca y la entregó a un puñado de empresarios que comenzaron a comprar bancos a un precio 3.48 veces mayor a su precio real, con créditos de otros bancos. Esto incluso sería criticado por el mismo Salinas.
Un proceso de privatización que de acuerdo con el investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Francisco Ibarra Palafox, autor del libro La privatización de la banca en México, se da como consecuencia de un acuerdo político entre el PRI y PAN, posterior a las elecciones de 1988.
Manejados por banqueros inexpertos, los bancos comenzaron a otorgar créditos de alto riesgo sin que el gobierno hiciera nada para impedirlo.
«Las decisiones de crédito en los bancos las tomaban personas sin experiencia que con frecuencia otorgaban préstamos a los peores sujetos, que eran casi los únicos dispuestos a pagar las tasas exorbitantes de interés que prevalecían. La burbuja creció desmesuradamente, como lo muestra el crecimiento constante y sistemático, pero no siempre reconocido, de la cartera vencida y de la cartera mala en general», señaló el politólogo Luis Rubio en un texto titulado Fobaproa o las consecuencias de la ineptitud.
Con la crisis económica de 1994 y la devaluación del peso, las tasas de interés se dispararon y los créditos que mucha gente había solicitado para comprar una casa, un auto o emprender un negocio, se volvieron impagables. Esta situación provocó la quiebra de los bancos y que el gobierno iniciara un proceso de rescate bancario al absorber los pasivos del Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa), un fideicomiso privado creado en 1990 para proteger a la banca.
«Al iniciarse 1995, el notable repunte en las tasas de interés condujo a una gran cantidad de deudores a una situación de insolvencia, quienes dejaron de pagar sus deudas con los bancos. Ante el riesgo de inminente quiebra de muchos bancos, el gobierno empezó su política de apoyos por medio del Fobaproa, otorgando líneas de crédito para compensar su falta de recuperación de cartera. Entonces fue cuando se inició el uso del Fobaproa de manera ilegal, ya que ese fondo pasó de ser un organismo privado (de los bancos), a transformarse en un instrumento del gobierno, sin existencia como tal en ninguna ley, pero mediante el cual el gobierno adquirió todo tipo de compromisos que terminaron en una deuda creciente», explica Juan Moreno Pérez, doctor en historia económica por la UCLA y quien fuera el principal asesor del PRD en el tema, en su libro Fobaproa: el costo del rescate bancario.
Aunque existe un consenso entre los expertos de que el gobierno tenía que intervenir ante tal situación, con el objetivo de salvar el dinero de los ahorradores, en el proceso se cometieron una serie de abusos y decisiones discrecionales que terminarían beneficiando a los banqueros y elevando sustancialmente el costo del rescate bancario.
«El gobierno, en realidad, se comportó como un administrador de los intereses de los grandes inversionistas, en especial de los extranjeros, y no como un auténtico representante de los intereses de la mayoría del pueblo mexicano. Desde ese enfoque, por supuesto que resulta razonable lo hecho por el gobierno, y justificable la frase del presidente Zedillo de que «no tenía opción». Pero la alternativa hubiera sido convocar a toda la sociedad para enfrentar eficazmente la crisis, priorizando la protección de los depósitos de 99.75 de los ahorradores, que representa sólo 44% del ahorro financiero. Sin embargo, no fue así, el gobierno decidió que los tenedores extranjeros de tesobonos no tuvieran ninguna pérdida, acudiendo a financiamientos extraordinarios en el exterior para conseguirlo, lo cual fue muy festinado por el gobierno de los Estados Unidos.
Ese fue el inicio de la cadena que impidió un ajuste diferente. Así, el gobierno, que profesa un dogmatismo a favor del mercado, impidió que el mercado funcionara, e impuso una situación que ha sido ficticia desde el principio hasta la fecha», añade Moreno.
De este modo, banqueros como Jorge Lankenau (Banca Confía: 3 mil millones de dólares), Carlos Cabal Peniche (Banco Unión-Cremi: 800 millones de dólares) y Ángel Isidoro Rodríguez El Divino(Banpaís: 400 millones de dólares) fueron acusados de cometer diversos delitos al beneficiarse ilegalmente por el rescate bancario, al autoasignarse créditos que de antemano sabían que no tendrían que pagar gracias a la intervención de las autoridades.
Pero los años siguientes, el problema seguía creciendo como una bola de nieve. Para lidiar con la crisis, el gobierno del entonces presidente Ernesto Zedillo mandó al Congreso una iniciativa para convertir en deuda pública los pasivos del Fobaproa, que en aquel entonces fueron calculados en 552 mil 300 millones de pesos. Aunque el gobierno estaba financiando de manera ilegal el rescate bancario (debido a que toda deuda pública asumida por el gobierno debía ser previamente aprobada por el Congreso), la caída de los precios del petróleo fueron la razón principal por la que el gobierno de Zedillo decidió reconocer el problema que había tratado de mantener oculto y mandó una iniciativa de ley al Poder Legislativo para asumir el rescate bancario como deuda pública.
«El mecanismo para financiar de manera subrepticia el creciente costo del Fobaproa, exprimiendo fiscalmente a Pemex, se sostuvo mientras los petroprecios se mantuvieron elevados. Cuando el precio del petróleo se derrumbó, a principios de 1998, el escondido mecanismo diseñado para canalizar recursos hacia el rescate bancario dejó de operar. Esa fue una de las razones que condujeron al presidente Zedillo a explicitar el problema del Fobaproa en marzo de 1998», apunta Moreno.
Tras meses de intenso debate, en que el gobierno intentó justificar la medida para proteger el dinero de los ahorradores, el PRI y PAN avalaron en diciembre de 1998 convertir en deuda pública el rescate bancario mediante la creación del Instituto para la Protección del Ahorro Bancario, con la férrea oposición del PRD, partido que calificó dicha acción como «el fraude más grande en la historia del país».
De este modo, el Congreso avaló una deuda de poco más de 600 mil millones de pesos que, en opinión de Moreno, explica buena parte de la situación financiera de Pemex se debe a la manera en que se exprimió a la paraestatal para pagar los pasivos del rescate bancario.
«La política de exprimir fiscalmente a Pemex, con el fin de financiar el rescate bancario, como se comentó antes, fue mantenida durante los años siguientes a 1998. El régimen fiscal aplicado a Pemex dejó a esa paraestatal sin recursos para invertir», explica el especialista, quien apunta que a partir de ahí el gobierno impulsó un mecanismo conocido como Pidiregas (Proyecto de Inversión de Infraestructura Productiva con Registro Diferido en el Gasto Público), proyectos de obra pública financiada por el sector privado o social y construidos por un privado o un tercero, que hasta 2009 formaron parte de la deuda oculta del gobierno mexicano.
«Mediante ese mecanismo, la mayor parte de la inversión de Pemex, y también de la CFE, se ha efectuado recurriendo a fuentes de financiamiento privadas, registrando la deuda pública contratada de manera «diferida», es decir, maquillando la contabilidad de esas paraestatales, y con ello, la verdadera situación de las finanzas públicas», explica Moreno.
De acuerdo con un informe de 1999 solicitado por la Cámara de Diputados al contador canadiense Michael Mackey (conocido como el Informe Mackey), la laxa regulación del sistema bancario generó «una amplia oportunidad para los nuevos propietarios de llevar a cabo actividades bancarias que involucraran operaciones irregulares y fraudulentas», con lo cual, la mayor parte de las intervenciones del gobierno para rescatar a los bancos «se dio debido a operaciones irregulares, fraudes potenciales o insolvencia».
«Debido a la falta de estructura y los problemas significativos encontrados en algunos de los bancos con irregularidades, fraudes, préstamos con problemas, etcétera, la efectividad del la intervención y el programa de saneamiento es difícil de evaluar», destacó el informe, el cual se realizó a pesar de que el gobierno ocultó información clave para determinar la efectividad del rescate bancario y fincar responsabilidades a los culpables de defraudar al país.
Mackey entregó al Congreso una lista con algunos nombres de los beneficiarios del Fobapora, misma que se mantuvo en secreto. A través de unos hackers, el PRD logró romper el código que mantenía en secreto dicha lista, luego de que la clave para abrir dicha información dependía de que cada uno de los grupos parlamentarios que guardaban una parte de la contraseña se pusieran de acuerdo para abrir dicha lista, cosa que nunca ocurrió, ante la negación del PRI y el PAN.
De acuerdo con los nombres revelados por el partido del sol azteca, en la lista se encontraban políticos de alto perfil, incluyendo al círculo cercano de Vicente Fox Quesada, que a la postre terminaría convertido en presidente de la República luego de que su intervención fuera clave para que el PAN, cuyo dirigente nacional en aquel entonces era Felipe Calderón, aprobara el Fobaproa.
Muchos de los señalamientos del informe Mackey fueron corroborados por la Auditoría Superior de la Federación en 2004, principalmente en lo referente a las múltiples irregularidades registradas en el Programa de Capitalización y Compra de Cartera (PCCC), el cual representó 8.9% del costo fiscal total del rescate bancario. Dicho programa consistió «en ayudar a las instituciones financieras a capitalizarse», aún cuando «los bancos que participaron en el programa, presentaban índices de capitalización superiores a lo establecido en la norma vigente a esa fecha». Es decir, que los bancos que participaron en este programa fueron intervenidos sin que legalmente hubiera necesidad de «rescatarlos».
El informe de la Auditoría también señaló que 80% de los delitos del rescate bancario quedaron impunes por omisiones de las autoridades fiscales y la PGR.
«Entre las primeras observaciones que realizó fue la falta de elementos para determinar si los créditos que había adquirido el Fobaproa en el PCCC existían ilegalidades o irregularidades, por lo cual recomendó al IPAB realizar una auditoría a los créditos de la cartera originadora de los flujos», señaló la ASF.
Sin embargo, los señalamientos de la Auditoría provocaron que las diversas instituciones involucradas en el rescate bancario promovieran un juicio de garantías en contra de las revisiones que pretendía realizar el IPAB y demandaron a los despachos que habían participado junto con el auditor Mackey en las revisiones ordenadas por la Cámara de Diputados. Esto con el fin de no proporcionar los papeles clave para realizar dichas auditorías. También se entablaron acciones judiciales en contra del Banco de México para no entregar la información correspondiente a los fideicomisos que administraban la cartera adquirida por el Fobaproa. A su vez, el presidente Vicente Fox «promovió dos controversias constitucionales en contra de la Cámara de Diputados y de la ASF por las recomendaciones a las observaciones que había hecho la ASF en las auditorías del PCCC».
Pero a pesar del proceso de rescate bancario, los bancos mexicanos terminaron siendo vendidos al capital extranjero, como la venta de Serfín a Grupo Santander a un precio de 12 mil 650 millones de pesos, aunque el costo fiscal del rescate de este fue de más de 172 mil millones de pesos.
Otro caso es el de Banamex, banco que fue intervenido y saneado con recursos públicos aún cuando no lo requería. En 2001, Banamex fue vendido a Citigroup a través de una operación bancaria avalada por el gobierno de Fox, que permitió eludir impuestos por 35 mil millones de pesos en perjuicio de los mexicanos.
De este modo, la deuda que los mexicanos siguen pagando cada año por un fraude millonario, permitió a banqueros amasar fortunas inmensas en complicidad con el gobierno.
«No cabe ni la menor duda de que hay muchos abusos en el manejo del Fobaproa. Desafortunadamente, esos se derivan de los incentivos que creó el mal llamado rescate bancario. Cuando todos los incentivos promovían la deshonestidad, mucha gente entró por la puerta grande y se sirvió sin recato», aseguró el politólogo Luis Rubio, en un texto publicado por la revista Nexos en 1998.
«Ciertamente hubo tratamiento diferenciado y favoritismos pero, en esencia, el problema del Fobaproa es uno de apilamiento de estupideces y su encubrimiento, circunstancias que hicieron fácil la vida de los muchos vivales que se beneficiaron del Fobaproa. Esto ocurrió básicamente por la arrogancia y falta de responsabilidad de las autoridades bancarias y hacendarías que crearon el entorno propicio para el abuso», agregaba Rubio, actual presidente de CIDAC-México Evalúa.
En 2009, el expresidente Zedillo reconoció que el rescate bancario en México fue incluso mayor que el implementado por Estados Unidos tras la crisis financiera de 2008, la cual arrancó con la quiebra de Lehman Brothers, el cuarto banco de inversión más grande de Estados Unidos.
En el contexto de las campañas electorales de 2006, el cineasta Luis Mandoki realizó un documental en torno a la figura de Andrés Manuel López Obrador, titulado ¿Quién es el señor López?, en el que se refleja la visión de un sector de la izquierda en torno al fenómeno del Fobaproa. En dicho documental, personajes como López Obrador o el exlegislador perredista Pablo Gómez acusan al PRI y al PAN de pactar el rescate bancario a cambio de recibir favores del sector bancario con fines electorales.
Pero los señalamientos de fraude no se limitan a las acusaciones de la izquierda, ya que incluso algunos representantes del PAN, como el exsenador Luis Alberto Rico Samaniego, se manifestaron en contra del posicionamiento de su partido y los términos en que el gobierno realizó el rescate bancario, por lo cual, llamó a no dejar impune el «fraude» que esto representó para los mexicanos.
Un millonario fraude cuyos costos siguen incrementándose con el paso de los años y hasta la fecha permanece impune.
Con información de HuffPost México.
