Washington, DC, EU.- El Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), nombró a 11 personas, físicas y morales, presuntamente vinculadas con una red dedicada al robo de hidrocarburos, mejor conocido como huachicol fiscal, relacionada con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
De acuerdo con el comunicado de la OFAC, las sanciones alcanzan a dos personas físicas y 18 empresas que, según el Departamento del Tesoro formarían parte de una red que habría empleado compañías de transporte, logística y comercialización de hidrocarburos para facilitar presuntas operaciones de ocultamiento y movilización de recursos de procedencia ilícita.
Sin embargo, dentro del anuncio, el Departamento del Tesoro asegura que las ganancias obtenidas por redes dedicadas al robo y contrabando de combustibles en México no solo fortalecen las operaciones de los grupos criminales, sino que también han sido utilizadas para realizar pagos en efectivo a campañas políticas y favorecer la llegada de funcionarios dispuestos a colaborar con ellos.
Según el reporte, los grupos criminales emplean las ganancias obtenidas mediante la venta ilegal de combustible para influir en la esfera política del país.
«En México, los cárteles utilizan las ganancias ilícitas de la venta de combustible en el mercado negro para realizar pagos en efectivo a campañas políticas y medios de comunicación mexicanos, con el fin de ayudar a elegir a políticos mexicanos corruptos dispuestos a colaborar con los cárteles para controlar puestos administrativos clave en el gobierno».
El Departamento del Tesoro señala que este mecanismo permite al crimen organizado facilitar «las operaciones de contrabando de combustible y el acceso a contratos estatales para lavar las ganancias ilícitas de estos esquemas y otras actividades delictivas».
Además, el documento sostiene que las actividades relacionadas con el huachicol representan actualmente «la fuente de ingresos no provenientes del narcotráfico más importante para los cárteles mexicanos y otros actores ilícitos».
El texto no hace una liga particular entre los sancionados y políticos o partidos en específico, sino que lo plantea como un modus operandi en general.
Entre estas actividades identifica tres principales modalidades:
-Robo de combustible y petróleo en México
-Contrabando de petróleo crudo hacia Estados Unidos
-Contrabando de combustible desde EU hacia México mediante esquemas de evasión fiscal mexicanos conocidos como robo fiscal de combustible
El informe también explica que los llamados «huachicoleros» obtienen combustible y petróleo mediante diversas prácticas ilícitas, entre ellas el soborno a empleados de Petróleos Mexicanos (Pemex), perforaciones clandestinas en ductos, robos en refinerías, secuestro de pipas y amenazas contra trabajadores de la empresa estatal.
En el caso del petróleo crudo robado, el Departamento del Tesoro señala que éste es introducido ilegalmente a Estados Unidos por intermediarios mexicanos que «a menudo, se etiqueta erróneamente como aceite residual u otro material peligroso para evitar controles y evadir impuestos y regulaciones».
Posteriormente, el producto es vendido con descuento en los mercados energéticos estadounidenses e internacionales, mientras que las ganancias regresan a los cárteles en México.
Por otro lado, el reporte describe un esquema mediante el cual organizaciones criminales contrabandean combustible desde Estados Unidos hacia México para evadir el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), utilizando empresas mexicanas y estadounidenses cómplices, facturación falsa y redes de compañías fachada para introducir el combustible al país y comercializarlo como si fuera legal.
El Departamento del Tesoro añadió que, de acuerdo con reportes públicos, «entre una cuarta parte y un tercio de todo el combustible vendido en México podría ser ilícito».
Finalmente, señaló que el análisis de la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) identificó que los cárteles utilizan principalmente intermediarios y el sistema financiero mexicano para enviar transferencias bancarias internacionales y pagos con activos digitales a distribuidores estadounidenses involucrados en estos esquemas.
En otros casos, agregó, los pagos se realizan mediante depósitos en efectivo estructurados provenientes de actividades ilícitas, como parte de operaciones de lavado de dinero basado en el comercio.
Con información de El Universal.
