Ciudad de México.- La Cámara de Diputados aprobó en lo general la iniciativa para que ninguna persona que tenga o adquiera doble nacionalidad pueda aspirar a la Presidencia de México, gubernaturas o jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, a partir de las elecciones de 2028. En caso de tenerla, los aspirantes deberán renunciar a la nacionalidad extranjera.
Esto en medio de un debate en el que Morena reconoció que la propuesta de modificación tiene entre sus destinatarios políticos al exgobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, quien cuenta con nacionalidad estadounidense y mexicana, y quien ha manifestado su intención de ser presidente.
Con 344 votos a favor por parte de Morena, Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y Partido del Trabajo (PT), y 116 en contra, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó esta iniciativa en lo general. Sin embargo, aún falta que sea palomeada en lo particular, para luego ser aprobada en el Senado de la República y en al menos 17 de los 32 Congresos estatales.
La propuesta, enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum, pretende reformar los Artículos 82 (Presidencia), 116 (Gubernaturas) y 122 (Jefatura de Gobierno) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para que, cualquier persona que aspire a alguno de estos cargos no tenga otra nacionalidad o, en caso de contar con ella, renuncie antes de solicitar su registro como candidata o candidato.
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Actualmente, la Constitución impide que quienes ocupen estos cargos reservados a mexicanos por nacimiento adquieran otra nacionalidad, pero no señala qué pasa con quienes cuentan con doble nacionalidad desde antes.
Por otra parte, el proyecto también establece que renunciar a una nacionalidad extranjera también implicaría rechazar los derechos políticos de ese país y su protección diplomática. Esto también implica no poder utilizar cualquier pasaporte o documento de identidad que no sea el mexicano.
Sin embargo, la propuesta deja claro que esto únicamente aplica para quienes contiendan a estos cargos, no para todos los mexicanos.
De no cumplir con estos requisitos, quienes sean elegidos a partir de 2028 deberán enfrentarse ya sea a juicio político, responsabilidad penal y sanciones administrativas como suspensión, destitución o inhabilitación.
El decreto entraría en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF), pero será aplicado a partir del proceso electoral 2028, cuando haya elecciones en Durango, Hidalgo, Oaxaca y Tamaulipas.
Esto debido a que el proceso electoral 2026-2027 ya se encuentra en curso, por lo que las nuevas reglas no serían aplicables a esos comicios.
Además, la posible reforma no aplicará a quienes ocupen los cargos actualmente.
El Congreso de la Unión y los Congresos estatales contarán con 90 días naturales para adecuar la Ley de Nacionalidad y las legislaciones electorales correspondientes. Es decir, deberán crear mecanismos de validación con ayuda de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), documentación admisible y otros requisitos legales.
La presidenta Claudia Sheinbaum argumentó que quienes quieren gobernar el país no pueden tener dos patrias ni jurar a dos banderas.
“Que el interés superior sea México, ningún otro país. Eso es, así de sencillo y así de profundo”, dijo en una conferencia mañanera.
Por su parte, el diputado de Morena, Leonel Godoy Rangel, indicó que esta iniciativa busca defender la soberanía nacional.
“Con esto se asegura que todo Poder Ejecutivo sea desempeñado por personas mexicanas, leales, responsables y comprometidas con la realidad y las exigencias del Estado mexicano, disminuyendo la posibilidad de poner en riesgo la soberanía nacional y el sistema político-electoral vigente”, dijo al presentar el dictamen.
Agregó que el documento aprobado asegura que quienes ejerzan estos cargos no se vean influenciados ni inclinados a proteger intereses provenientes de una segunda nacionalidad o de entes extranjeros.
Por el contrario, el diputado del Partido Acción Nacional (PAN), Diego Ángel Rodríguez, acusó que esta iniciativa presidencial fue analizada con mucha premura y sin escuchar a los migrantes mexicanos supuestamente afectados.
“Esta reforma requería de un parlamento abierto y de escuchar formalmente a las comunidades migrantes afectadas, a la academia y a especialistas en derecho constitucional e internacional”, acusó.
Humberto Ambriz Delgadillo, legislador del Partido Revolucionario Institucional (PRI), cuestionó que se le quite el derecho de ejercer estos cargos a personas que por alguna circunstancia ajena a ellos tengan esta doble nacionalidad, ya sea por haber nacido en otro país, ser hijos de mexicanos o estar vinculados familiar, económica, profesional y culturalmente a otra nación.
Alertó que esta reforma quitará el derecho de ejercer estos cargos a más de un millón y medio de mexicanos que viven en el extranjero, de acuerdo con el padrón del Instituto Nacional Electoral (INE).
Virginia Reyes de la Torre, diputada de Movimiento Ciudadano (MC), explicó que esta iniciativa atenta contra quienes cuentan con doble nacionalidad por razones que no eligieron.
Mientras que, desde la tribuna, el diputado morenista Guillermo Santiago acusó al PAN y al PRI de rechazar la reforma para defender al exmandatario tamaulipeco y le lanzó directamente una advertencia: “Que alguien le avise a Cabeza de Vaca que las elecciones se ganan en México, no en McAllen”.
Con información de OEM.
