Ciudad de México.- La Secretaría de Educación Pública (SEP) tendrá 180 días naturales para definir cómo se guardarán los celulares en las escuelas y qué medidas se aplicarán a los alumnos que los utilicen durante las clases, si se aprueba la reforma a la Ley General de Educación que busca restringir el uso de estos dispositivos durante toda la jornada escolar en educación básica.
El dictamen, aprobado el 12 de octubre con 27 votos a favor por las comisiones unidas de Educación y de Estudios Legislativos, Primera, todavía debe discutirse en el pleno del Senado y después pasar a la Cámara de Diputados, por lo que el plazo comenzará a correr cuando la reforma a la Ley General de Educación entre en vigor.
La reforma aprobada limita el uso de estos dispositivos durante toda la jornada escolar en educación básica, que comprende los niveles inicial, preescolar, primaria y secundaria, pero no autoriza expresamente al personal escolar a retirarlos ni establece un procedimiento para actuar ante los incumplimientos.
Uso con fines educativos
Únicamente podrán utilizarse para actividades educativas previamente programadas y orientadas por docentes, emergencias personales, motivos de salud, discapacidad, accesibilidad e inclusión, así como ante necesidades particulares y extraordinarias de las comunidades educativas.
Sin embargo, el texto no precisa en qué circunstancias podría retirarse un teléfono a un estudiante ni establece una facultad expresa para que docentes y directivos retengan los aparatos. En el apartado donde explican los cambios al proyecto, las comisiones señalan que no incorporaron esa autorización porque consideraron innecesario establecerla por separado cuando el uso de los dispositivos ya estaría restringido durante toda la jornada.
Juan Manuel Casanueva, director de SocialTIC, organización que asesora a gobiernos e instituciones en el uso de tecnologías, consideró que el resguardo de un teléfono debe distinguirse del acceso a la información que contiene y que guardar un dispositivo no significa tener permiso para revisar mensajes, fotografías, contactos o aplicaciones.
“Hay una protección a la privacidad de las comunicaciones y de las infancias que no debe ser vulnerada”, dijo en entrevista con El Sol de México.
Debe protegerse la privacidad del estudiante
El especialista recordó que el artículo 16 constitucional protege las comunicaciones privadas y que la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes también contempla la protección de su vida privada, por lo que ningún procedimiento escolar para guardar un celular debe utilizarse para exigir que un alumno lo desbloquee o permitir que el personal revise su contenido.
Señaló que si existe sospecha de un delito contra un menor de edad, la situación debe canalizarse a las autoridades correspondientes para que se investigue por las vías legales, en lugar de resolverla mediante revisiones informales de los dispositivos en las escuelas.
Recordó que SocialTIC analizó hace un par de años aplicaciones de control parental disponibles para Android en México y encontró funciones que permitían una vigilancia amplia de los dispositivos, incluido el acceso a cámaras y micrófonos.
Explicó que no siempre existe suficiente claridad sobre quién puede consultar la información recopilada, cómo se utiliza o si se comparte con terceros. Así, una herramienta presentada como un recurso para la seguridad puede convertirse también en una forma de vigilancia.
Agregó que estos mecanismos pueden generar malestar entre niñas, niños y adolescentes cuando sienten que sus familias, docentes o aplicaciones siguen constantemente sus actividades. Por ello, llamó a considerar medidas menos invasivas y a tomar en cuenta la privacidad durante el desarrollo de los estudiantes.
Dos iniciativas que se integraron al dictamen proponían establecer límites al manejo de los celulares por parte del personal escolar.
El senador Miguel Ángel Yunes Márquez planteó que el resguardo temporal no autorizara al personal escolar a desbloquear los teléfonos, revisar su contenido ni extraer información, mientras que el senador Enrique Vargas del Villar propuso prohibir esas revisiones y las medidas disciplinarias que implicaran humillación, violencia o discriminación, sin embargo, estas propuestas no quedaron incorporadas en el texto final.
Aunque las comisiones recogieron principios de dignidad, inclusión y proporcionalidad en el dictamen, determinaron que los procedimientos específicos sobre privacidad, resguardo e incumplimientos correspondan a la autoridad educativa federal.
En educación superior, cada plantel decidirá cómo regular celulares
En educación superior, la situación es distinta en educación media superior, donde sí se contempla la posibilidad de retirar y guardar los celulares, pero como una de las modalidades que cada comunidad escolar podrá elegir mediante una asamblea previamente programada.
Una opción consiste en establecer un espacio de resguardo en el aula, donde los dispositivos podrán mantenerse guardados o retirarse y depositarse al inicio de la jornada en un lugar designado por el plantel, como el aula o la dirección, bajo custodia de las autoridades escolares.
Las comunidades también podrán acordar que los celulares solo se utilicen en determinados horarios y espacios, que no se usen durante toda la jornada o que se autorice su utilización en días específicos con fines educativos.
Los acuerdos deberán considerar las características y necesidades de cada institución, así como las excepciones por emergencias, salud, discapacidad, accesibilidad e inclusión.
En educación superior, la propuesta promueve el uso responsable y seguro de los dispositivos durante la jornada escolar, conforme a los acuerdos de cada comunidad y con respeto a la autonomía universitaria.
Casanueva señaló que la restricción puede dar a docentes y escuelas mayor margen para que los alumnos se concentren en clase y aprovechen el espacio escolar para aprender y convivir, pero advirtió que la medida atiende solo una parte de un problema más amplio.
“Limitar o prohibir los dispositivos, los teléfonos en las aulas, es un elemento muy pequeño de un contexto y una problemática mucho más grande”, afirmó.
El director de SocialTIC señaló que niñas, niños y adolescentes también enfrentan riesgos relacionados con la recopilación de datos personales con fines comerciales, la violencia en redes sociales, el reclutamiento de menores y otras formas de abuso digital, por ello, consideró importante evitar que la restricción escolar se presente como una solución a todos esos problemas.
Consideró que en lugar de concentrar la respuesta únicamente en restricciones o castigos, es necesario fortalecer la educación digital y la comunicación entre las familias, los docentes y los propios estudiantes. Propuso escuchar a especialistas en psicología, educación y ciencias sociales para comprender los riesgos que enfrentan las infancias y definir cómo prevenirlos.
Destacó que las plataformas digitales también deben mejorar sus mecanismos para detectar posibles casos de reclutamiento y contenidos dañinos, además de colaborar con las autoridades en el combate de delitos contra menores de edad, con transparencia y protección de la privacidad de las personas usuarias.
La reforma, además de restringir el uso de dispositivos personales, propone incorporar en los planes de estudio la alfabetización digital, mediática e informacional, la comprensión de los entornos digitales y la inteligencia artificial, la protección de la privacidad y el ejercicio de una ciudadanía digital ética y segura.
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