Myrna Pastrana
__________________________
En el Congreso Local de Chihuahua, los diputados de la bancada de MORENA, presentaron una iniciativa con carácter de decreto en materia de delitos sexuales cometidos en contra de animales, se trata de conductas abusivas que ha habido desde siempre y que en su vocablo más acertado se conoce como zoofilia.
La práctica de la zoofilia es una de tantas formas de maltrato animal que lesionan física y emocionalmente a quienes conviven con el ser humano que lo somete y agrede con fines sexuales. Físico porque abundan casos donde el daño es tan grande que el animal muere, y emocional por la pérdida de confianza en el hombre.
La exposición estuvo a cargo de la diputada Jael Argüelles, quien dio datos lamentables como el que México ocupa el primer lugar en maltrato animal y a nivel mundial, el tercero; aún más: de acuerdo con el Instituto Nacional de Geografía y Estadística, en nuestro país, durante el año 2021, siete de cada diez animales fueron víctimas de maltrato.
En contraparte, la diputada Argüelles también mencionó a los países que han puesto atención al problema y lo han tipificado como delito: en Latinoamérica por ejemplo están Bolivia, Brasil, Chile, Colombia Costa Rica y Ecuador; y en Europa, España, Francia y Alemania. En México no hay un pronunciamiento total puesto que solo lo han integrado a su código penal los estados de Quintana Roo, Veracruz, Jalisco, Nuevo León, Oaxaca y Ciudad de México.
Sería largo de enumerar en este espacio la comparecencia completa de la diputada Argüelles, pero el proyecto de decreto propone de uno a cuatro años de prisión a quien incurra en esta práctica, además de que se configure como un delito que se persiga de oficio. Estas sanciones se incrementarán hasta en tres cuartas partes cuando a consecuencia de la comisión de estos actos, se lesione, se ponga en peligro la vida del animal o le causen un daño físico permanente.
Y eso no es todo, además de los anterior, las sanciones aumentarán en una mitad más, si la persona que lo practica hace uso de imágenes visuales para su difusión por cualquier medio. Por la argumentación expuesta en el Congreso es de esperarse su aprobación y que Chihuahua se una a la lista de entidades que tipifique esta deleznable práctica como delito penalizado con privación de la libertad y no como una simple falta administrativa.
