José Woldenberg
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No es casual entonces que muchos prevean una muy baja participación a pesar de la muy intensa campaña en radio y televisión.
La idea de elegir por voto universal a jueces, magistrados y ministros es pésima porque integra a éstos a la lógica de la política, contraviene una tradición de más de 170 años que buscó que los juzgadores no estuvieran condicionados por los vaivenes de la lucha política y la forma en que serán electos carece de las garantías de imparcialidad, equidad y transparencia que se construyeron en las últimas décadas.
Se trata, muchos lo han escrito, de deshacerse de un poder que no se plegó a los caprichos del expresidente López Obrador y de construir uno a imagen y semejanza de la coalición gobernante. No se trató de una reforma más o de una ocurrencia insubstancial.
Por el contrario, devela con toda nitidez la pretensión de subordinar a todas las instituciones que conforman el Estado a la voluntad de la fuerza mayoritaria. Es un asunto escandaloso y colocará al país en los linderos de un sistema autoritario, en el cual tanto las personas físicas como morales difícilmente tendrán instrumentos para defenderse legalmente de los caprichos y acosos del poder.
Si ello fuera poco, los eslabones del proceso electoral resultan ominosos. Desde la confección de las candidaturas (el Judicial no postuló, el Tribunal Electoral metió su cuchara y, además, al parecer se colaron “indeseables”), el diseño de las boletas (una abigarrada lista de candidatos por necesidad indiferenciados), el número de casillas (menos de las que se instalan en una elección federal), las fórmulas de votación (todos los votos se depositarán en una sola casilla) hasta la manera en que se “contarán” los votos (no lo realizarán los funcionarios de casilla y no se inutilizarán las boletas sobrantes); todo parece diseñado para cubrir de una densa nube de discrecionalidad lo que debía ser transparente.
No es casual entonces que muchos prevean una muy baja participación a pesar de la muy intensa campaña en radio y televisión. Unos porque entienden que se trata de una maniobra repugnante para acabar con nuestra incipiente división de poderes; para que jueces, magistrados y ministros provengan de la misma cepa que los integrantes de la coalición gobernante y otros porque no entienden siquiera la mecánica del asunto e incluso la manera de votar.
No obstante, las elecciones se llevarán a cabo, y dado que no se requiere un mínimo de votación para que sean legales, de ellas saldrá una buena parte del nuevo poder judicial incluyendo a la Corte. A querer o no, resultarán estratégicas para el futuro del país. ¿Qué hacer entonces? Quizá la pregunta sea tardía.
Si los ciudadanos que acudan a las urnas votan cada uno a como les suenen las candidaturas, tendremos una dispersión impresionante de los votos, y un candidato podría ganar con un porcentaje irrisorio de los sufragios. Eso lo sabe cualquiera. Por ello, grupos de Morena y, peor aún, hasta grupos delincuenciales, es muy probable que diseñen “planchas”, listas de candidatos que circulen entre sus fieles para “orientar” el voto.
Si ello es así, no estaría mal que alguna entidad, digna de crédito, publicitara qué candidatos tienen las calificaciones necesarias para ocupar el cargo y son independientes del gobierno, para de esa manera no dejar todo el terreno libre a la aplanadora gubernamental. Ir a la urna para votar por lo que a uno se le ocurra carece de sentido.
Pero si existen listas independientes, ajenas a la coalición gobernante, puede tener sentido por lo menos para que los autoritarios no se lleven todo el pato al agua.
