El gobierno de Donald Trump estableció una vigilancia más estricta sobre el flujo de dinero que sale de Estados Unidos a través de las remesas.
En un comunicado, añade que «mi administración no tolerará los riesgos para la seguridad nacional y la seguridad pública causados por la actividad financiera transfronteriza ilícita, ni permitirá los riesgos para nuestro sistema financiero derivados de la concesión de crédito o servicios financieros a la población extranjera inadmisible y sujeta a deportación».
Identifica que las transferencias transfronterizas de fondos de bajo valor (comúnmente asociadas con las remesas) han sido utilizadas en ocasiones para facilitar actividades ilícitas como el financiamiento del terrorismo, el tráfico de narcóticos (incluyendo el fentanilo vinculado a carteles en México) y el tráfico de personas. En consecuencia, se implementarán medidas de debida diligencia mejorada para mitigar estos riesgos.
Detalla que «los análisis de tendencias financieras han revelado centros de actividad financiera relacionada con el fentanilo en Estados Unidos, vinculados a cárteles con sede en México. Un análisis reciente de redes chinas de lavado de dinero identificó como titulares de pasaportes extranjeros han utilizado cuentas en Estados Unidos para facilitar el lavado de más de 312 mil millones de dólares para organizaciones criminales, destacando la trata de personas entre las actividades asociadas a las transferencias. Se necesitan programas sólidos de identificación del cliente y medidas de debida diligencia reforzadas para mitigar estos riesgos».
Mencionó que «los bancos y otras instituciones financieras también deben prestar atención a los riesgos crediticios que supone la concesión de hipotecas, préstamos para automóviles, tarjetas de crédito y otros créditos al consumo a la población extranjera inadmisible o sujeta a deportación. Muchos de estos prestatarios se enfrentan a la posibilidad de perder sus salarios debido a la deportación o a las decisiones de sus empleadores de cumplir con la ley de inmigración».
La orden destaca como señales de alerta («red flags») el uso de ciertos canales que suelen usarse para el envío de dinero:
Negocios de servicios monetarios no registrados, procesadores de pagos de terceros o plataformas de persona a persona (P2P)
El uso de estos sistemas para realizar pagos «fuera de los libros» que intenten evadir los umbrales de reporte de la Ley de Secreto Bancario
Agregó que «el Secretario del Tesoro emitirá una advertencia formal a las instituciones financieras sobre los riesgos asociados con la explotación del sistema financiero de los Estados Unidos por parte de personas no autorizadas a trabajar y sus empleadores».
Indica que «las instituciones mantienen la autoridad, cuando lo justifiquen otros indicadores de riesgo o preocupaciones de supervisión, para obtener información adicional necesaria para resolver problemas importantes de cumplimiento, incluida información relevante sobre si los titulares de cuentas poseen un estatus migratorio legal y autorización de empleo en los Estados Unidos cuando dicha información sea relevante para evaluar los riesgos asociados con el fraude, la suplantación de identidad, la evasión de sanciones u otra actividad financiera ilícita, como parte de un programa de debida diligencia del cliente basado en el riesgo».
Añade que se revisarán los requisitos de identificación para considerar los riesgos que las tarjetas de identificación consular extranjeras puedan representar para la integridad del sistema financiero.
Agrega que «dentro de los 60 días siguientes a la fecha de esta orden, cada regulador financiero funcional federal correspondiente emitirá orientación sobre la gestión de los riesgos crediticios potenciales que plantea la población no autorizada a trabajar».
Con información de El Universal.
