El error político de Rubén Rocha Moya de retomar la gubernatura de Sinaloa de manera unilateral fue la clave para que Morena decidiera, de manera definitiva, nombrar a Imelda Castro Castro como coordinadora Estatal de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Sinaloa.
Fue el pasado 21 de agosto cuando el ahora gobernador con licencia se reincorporó a sus funciones, lo que sorprendió a propios y extraños, y llegó a Palacio Nacional.
Fuentes de ese partido en el Senado explicaron al periódico El Universal que lo anterior representó un desafío directo a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien ese mismo viernes convocó a su gabinete para hablar del tema la mañana del sábado 22 de agosto.
En el encuentro, la Titular del Ejecutivo reconoció que no estaba enterada de la decisión de Rocha Moya, calificó de “grave” la postura unilateral del sinaloense y se dijo traicionada. Enseguida, lanzó el tweet que fue advertencia para Rocha Moya: “Ningún interés personal puede estar jamás por encima de los intereses del pueblo y de la nación. Y mucho menos cuando aquello que se pretende colocar por encima de México no es el bienestar de su gente, sino la ambición desnuda del poder por el poder”.
Las fuentes guindas consideran que el gobernador con licencia retomó funciones para presionar a la presidenta y al partido a cerrar la carpeta de investigación que le abrió la Fiscalía General de la República (FGR) desde el pasado 29 de abril, que —sumado a la solicitud de extradición del gobierno de Estados Unidos y al bloqueo de sus cuentas por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF)— lo tenía bajo tensión.
La medida de la UIF se extendió directamente a las cuentas bancarias de sus hijos: Rubén, Ricardo y José de Jesús Rocha Ruiz, por lo que Rocha Moya consideró que al retomar el cargo Morena y la Presidenta se verían obligados a respaldarlo para evitar el escándalo público.
En el encuentro del sábado 22 de agosto, Sheinbaum Pardo gritó y manoteó; ordenó eliminar toda comunicación con el gobierno de Rocha Moya y dejarlo solo.
Se llegó al extremo de analizar diferentes recursos para proceder en su contra y sacarlo del poder: desaparición de Poderes, juicio político e incluso la declaratoria de procedencia, que de inmediato fue descartada porque se requiere una solicitud del Ministerio Público y la existencia de una orden de aprehensión.
Rubén Rocha Moya terminó por pedir licencia para evitar la confrontación y el Congreso local convocó a sesión extraordinaria a fin de elegir la gubernatura interina.
Durante el 23, 24 y 25 de agosto se barajaron ocho diferentes nombres, quedando como finalistas Omar Alejandro López (delegado del Bienestar y amigo de Ariadna Montiel) y Graciela Domínguez. Al final, se determinó que esta última sería la interina, considerada como alejada del rochismo.
Con información de El Universal.
