Varios priístas distinguidos, incluyendo a Aurelio Nuño, coordinador de la campaña presidencial de José Antonio Meade, este último y algunos voceros oficiales adicionales, han acusado en estos días al gobernador de Chihuahua de haber ordenado o permitido torturar a Alejandro Gutiérrez. En particular, Antonio Collado, abogado de Gutiérrez, dio detalles de dicha tortura.
Como se sabe, Gutiérrez fue detenido en diciembre por desviar 250 millones de pesos del erario para las campañas del PRI. La acusación de tortura es tan grave, que debe ser aclarada de inmediato por Javier Corral, y por todos los que lo hemos apoyado en su lucha contra las represalias que la Secretaría de Hacienda ha ejercido con su estado por haber iniciado los procesos en curso contra Gutiérrez.
En tanto miembro de la junta de gobierno de Human Rights Watch, y habiendo firmado o mandado ratificar por México al Senado un número importante de convenciones internacionales sobre temas vinculados a la tortura, no puedo hacerme de la vista gorda sobre este asunto. Tampoco resulta aceptable un simple desmentido.
No existe autoridad alguna que acepte, de buena gana, que torturó a alguien. Todas dicen que no. Afortunadamente contamos con una serie de normas nacionales, internacionales –sobre todo el llamado Protocolo de Estambul– y de usos y costumbres para determinar qué es tortura y qué no lo es; cómo se comprueba que la hubo, o que no tuvo lugar; y qué consecuencias reviste su confirmación para el debido proceso, para confesiones o testimonios, etcétera.
Javier Corral debe actuar en consecuencia. Es imprescindible que de inmediato presente a Alejandro Gutiérrez ante la prensa nacional e internacional, ante la CNDH y las ONG mexicanas, ante el representante en México del Alto Comisionado para Derechos Humanos de la ONU y ante ONG internacionales como HRW y Amnistía Internacional.
Es indispensable que todos puedan dirigirle preguntas con seguimiento; que pueda mostrar los signos y evidencias de tortura; que pueda nombrar o describir a sus torturadores, y que todo eso quede plasmado en su carpeta de investigación para el juicio, o en su caso, para invalidarlo y asegurar su inmediata liberación.
Ahora bien, cabe en la fatalidad una pequeña posibilidad de exculpación de Corral y de los funcionarios de la Fiscalía de Chihuahua y demás posibles responsables de la tortura. A saber: que Gutiérrez no logre convencer a quienes acudan a su presentación de que, en efecto, la versión proporcionada por Meade, Nuño y Collado corresponde a la realidad. Se podría alegar, con algo de fundamento, que temió por su vida. Para tranquilidad de Gutiérrez sería preciso asegurar que visitadores de la CNDH, del ACDHONU, de HRW y de AI lo protejan. No se trata de un temor ocioso.
Así, se daría satisfacción a todos. Nadie podría sostener que las acusaciones del PRI son falsas, si resultan ciertas. Y nadie podría repetir o retuitear dichas acusaciones, si Gutiérrez fuera incapaz de demostrarlas, de acuerdo con protocolos internacionales, o de persuadirnos de su veracidad, si resultaran falsas. ¿Que esto viola tal vez los bizantinos procedimientos jurídicos mexicanos?
Entonces, que conste en actas que todas las partes consintieron a este mecanismo, y que cualquier violación a la normatividad de Chihuahua o federal no fuera incluida en la carpeta. ¿Sí, Javier? ¿Sí, Aurelio?
