Ciudad de México.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó garantizar el agua potable para las necesidades básicas de los habitantes de Los Kilómetros en Ciudad Juárez, aun cuando no cuenten con documentos oficiales que acrediten su domicilio.
La decisión se originó a partir de un amparo promovido por habitantes del asentamiento localizado sobre la carretera a Nuevo Casas Grandes, una zona que se formó entre las décadas de 1990 y 2010 con población migrante y que actualmente presenta condiciones de alta precariedad.
La zona, en la que habitan alrededor de 40 mil familias, carece de infraestructura urbana y servicios básicos. Entre las principales problemáticas se encuentra la falta de acceso regular al agua potable, ya que el suministro llega únicamente a través de pipas cada diez o quince días, de acuerdo con testimonios de los propios habitantes.
Inicialmente, un juzgado de distrito desechó la demanda al considerar que las personas que promovieron el amparo no demostraron con documentos oficiales que residían en el lugar. Sin embargo, al revisar el caso, la Suprema Corte corrigió ese criterio y determinó que, tratándose de asentamientos irregulares, basta la manifestación bajo protesta de decir verdad para acreditar la residencia.
El máximo tribunal explicó que en este tipo de comunidades es común que las personas no cuenten con escrituras, contratos de arrendamiento o recibos de servicios que permitan comprobar su domicilio, por lo que exigir esas pruebas podría convertirse en una barrera para acceder a la justicia.
Como resultado, la Corte concedió el amparo y ordenó a la Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS) de Juárez garantizar de manera inmediata el suministro del mínimo vital de agua potable para las personas habitantes del asentamiento.
Además, el fallo establece que las autoridades deberán implementar un programa de infraestructura intermedia que incluya depósitos de almacenamiento masivo de agua para mejorar su distribución en la zona. Para ello, la Secretaría de Hacienda del Estado de Chihuahua deberá asegurar la asignación prioritaria de recursos presupuestales.
Con esta decisión, la Suprema Corte reafirmó que el derecho humano al agua, reconocido en el artículo 4° de la Constitución mexicana, debe garantizarse incluso en comunidades que aún no han sido regularizadas, particularmente cuando se trata de poblaciones en situación de vulnerabilidad.
El caso fue resuelto por el Pleno de la Corte al analizar el Amparo en Revisión 544/2025, durante la sesión celebrada el 12 de marzo de 2026. Recientemente, Napoleón Rosas González, representante y habitante del sector, señaló que el sector, ubicado al sur de Ciudad Juárez, enfrenta la falta de servicios públicos básicos como agua potable, drenaje, seguridad y atención médica.
Explicó que la zona se encuentra en una situación de indefinición territorial, ya que el límite municipal llega hasta el kilómetro 20 y, a partir de ahí, el área es considerada zona federal, lo que ha dejado a los habitantes sin una autoridad clara que atienda sus necesidades.
Rosas González indicó que esta falta de jurisdicción ha impedido la regulación de la tierra y el acceso a servicios básicos, además de dificultar trámites oficiales. Aunque en algunos casos la JMAS de Juárez distribuye agua mediante pipas, el apoyo no llega a todos los residentes.
También señaló que los habitantes deben recorrer hasta 20 kilómetros para llegar a un hospital o a un cajero automático, por lo que pidió la intervención de autoridades federales, estatales o municipales para regularizar la zona e incorporarla a la mancha urbana y así garantizar servicios básicos para la población. (OEM)
