José Woldenberg
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Hace 167 años John Stuart Mill lo sabía: la libertad era esencial para una vida medianamente decente. No lo resolvía todo, pero sin ella los hombres quedaban atados al capricho de los poderosos. En su célebre y multicitado tratado Sobre la libertad, desde la introducción ponía los puntos sobre las íes.
En el origen “se entendía por libertad la protección contra la tiranía de los gobiernos políticos”. No sólo existía una relación asimétrica entre autoridades y súbditos, sino la posibilidad de que los segundos estuvieran sometidos a los abusos y caprichos de los primeros. “El Gobierno estaba ejercido por un hombre, una tribu o una casta que derivaba su autoridad del derecho de sucesión o de conquista, que en ningún caso contaba con el asentimiento de los gobernados”. En esas circunstancias, “el fin de los patriotas era fijar límites al poder” y esos límites eran los que abrían paso al ejercicio de la libertad.
Esa primera acepción, ese primer reclamo, sin embargo, era insuficiente porque la brecha entre gobernados y gobernantes se mantenía intocada. Entre unos y otros existía un océano, se trataba de mundos diferentes, escindidos. Se pensó que había que convertir a los gobernantes en “delegados” que pudieran ser “revocables”. “Solo así podrían (los gobernados) tener completa seguridad de que no se abusaría jamás en su prejuicio de los poderes del gobierno”. Se trataba de que los gobernantes fueran electos y temporales. Ya no dos mundos sin puentes de comunicación, sino personas “identificadas con el pueblo”, de tal suerte que sus intereses fueran comunes. El puente imprescindible eran las elecciones, que los gobernantes estuvieran “atados” a la voluntad popular y respondieran a ella. En esa situación las libertades se ampliarían y multiplicarían dada la identidad entre los intereses de gobernantes y ciudadanos.
Pero de manera aguda, nuestro autor, escribió: “Pero en las teorías políticas y filosóficas, como en las personas, el éxito saca a la luz defectos y debilidades”. Mientras se soñó con autoridades electas y revocables, con un poder emanado de la voluntad popular, la necesidad de limitar el poder pasó a un segundo plano. Pero, cuando esos principios se hicieron realidad, afloraron nuevos problemas: “el pueblo que ejerce el poder no es siempre el mismo pueblo sobre el cual es ejercido” y “el pueblo, por consiguiente, puede desear oprimir a una parte de sí mismo”.
De ahí, de nuevo, la necesidad de limitar el poder (luego se hablaría de fraccionarlo), aunque sus titulares fueran producto de una elección, porque el propio expediente comicial premia “al partido más fuerte de la comunidad” que sin restricciones podía convertirse en una “tiranía de la mayoría”. Un mal no deseado pero que la dinámica de una sociedad, en la que palpitan diferentes idearios e intereses, puede acabar conformando un poder de unos que subordine a los otros.
Eran necesarios mecanismos de protección contra esa eventual tiranía de la mayoría, “contra la tendencia de imponer… sus propias ideas y prácticas como regla de conducta a aquellos que disientan de ellas, a ahogar el desenvolvimiento y, si fuera posible, a impedir la formación de individualidades originales y a obligar a todos los caracteres a modelarse sobre el suyo propio”.
Por ello, el poder debía ser normado, restringido, para no apabullar a los individuos y su desarrollo y para que una mayoría circunstancial no despojara de sus derechos a minorías igualmente coyunturales.
El que quiera entender que lo entienda.
