En atención a la instrucción presidencial, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) compartió las comunicaciones con Estados Unidos sobre las peticiones de detención provisional con fines de extradición del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y del senador de Morena, Enrique Insunza.
Líneas de comunicación México-Estados Unidos
En las comunicaciones se indica que tras las solicitudes de Estados Unidos para la detención provisional de 10 ciudadanos mexicanos con fines de extradición, México fijo una «postura clara»: verdad, justicia y defensa de la soberanía.
También cita que la presidenta Claudia Sheinbaum fue explícita: «no vamos a proteger a nadie que haya cometido un delito… y hemos actuado en consecuencia».
«Cualquier acción legal en México requiere pruebas claras y verificables conforme a la legislación nacional», indica.
Menciona también que el caso se está tramitando estrictamente conforme al marco jurídico mexicano y todas las solicitudes han sido remitidas a la Fiscalía General de la República (FGR), que inició una investigación y determinará los pasos a seguir con base en las pruebas y el debido proceso, en el marco del Estado de derecho.
En las comunicaciones, la SRE insiste en que debe haber pruebas sólidas y que el gobierno actúa en apego a la Constitución.
«México mantiene la cooperación con Estados Unidos, pero no permitirá ninguna injerencia externa en decisiones que corresponden exclusivamente al pueblo mexicano», resalta.
Las acusaciones
Compartió las acusaciones a Rocha Moya y otros nueve funcionarios y exfuncionarios mexicanos en el Distrito Sur de Nueva York.
«La acusación sostiene que los imputados participaron en una conspiración para importar fentanilo, heroína, cocaína y metanfetamina desde México hacia Estados Unidos.
«Además, habrían usado sus cargos públicos para proteger a líderes criminales, filtrar información policial y militar sensible, impedir arrestos, ordenar a corporaciones locales resguardar cargamentos y permitir actos violentos del cártel sin consecuencias», refiere la información.
Agrega que también se les imputan delitos relacionados con posesión y conspiración para poseer ametralladoras y artefactos destructivos.
En un caso particular, uno de los acusados (Juan Valenzuela) enfrenta además cargos por secuestro con resultado de muerte.
«Las autoridades estadounidenses aclaran que se trata de acusaciones, no condenas, y que todos los señalados son legalmente presuntos inocentes hasta probarse lo contrario», puntualiza.
La Secretaría de Relaciones Exteriores, a cargo del canciller Roberto Velasco, también compartió un extrañamiento en el que expresa que «de darse a conocer la información en materia de una solicitud de extradición internacional, antes de que la persona reclamada sea detenida y sometida al procedimiento de extradición correspondiente en el estado requerido, se vulneraría su derecho al debido proceso».
Con información de El Universal.
