De manera sistemática desde el gobierno y sus satélites se sigue agrediendo a aquellas instituciones que no son del agrado del presidente. Cada uno de esos ataques debería ser un escándalo, pero parece que su reiteración adormece los resortes de la indignación. Se trata de disminuir, erosionar y en el extremo destruir, aquellas dependencias que robustecen las instituciones de la República y son o pueden ser un contrapeso al poder del Ejecutivo.
El 10 de octubre, la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados aprobó un dictamen para desaparecer 13 de 14 fideicomisos del Poder Judicial y trasladar esos recursos a la Tesorería de la Federación. Se trata de más de 15 mil millones de pesos que se le expropian a un Poder del Estado para ponerlos a disposición del Ejecutivo. Aunque el presidente afirmó que ello no afectaría a los trabajadores, la Corte señaló que “sí los afecta”.
Y no puede ser de otra manera. Cito: “Al menos seis fideicomisos están relacionados con obligaciones patronales, cuyo cumplimiento constituyen derechos de los trabajadores, tanto laborales como de seguridad social: pensión, vivienda, cobertura de salud y retiro”. Son derechos adquiridos amparados por la legislación, las Condiciones Generales de Trabajo y diferentes acuerdos. Y como era de esperarse, “la extinción de los fideicomisos sí limita la operatividad del PJF”. Si ello fuera poco, otros fideicomisos tienen como finalidad “el desarrollo de la infraestructura que implementa las Reformas Constitucionales en Materia de Justicia Federal”.
Hay que ser muy ingenuo o un completo cínico para creer que esa operación tiene alguna lógica de austeridad. Es, sin posibilidad alguna de maquillarla, una venganza del oficialismo contra un Poder que en diferentes casos ha frenado sus excesos y/o declarado anticonstitucionales presuntas reformas legales, como aquella que violando los procedimientos legislativos quiso trastocar el sistema electoral.
Una semana antes, el 3 de octubre, el oficialismo en el Senado impidió nombrar a una magistrada de la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral. A pesar de que la terna mereció el reconocimiento de que las candidatas eran idóneas, las correas de trasmisión del presidente anularon sus votos, impidiendo el nombramiento y dejando a esa Sala incompleta. (Por cierto, llamó la atención que las bancadas opositoras votaran divididas por distintas candidatas, “haciendo el juego” al oficialismo).
Ese mismo día, y a pesar de que la Suprema Corte había ordenado al Senado la designación de los comisionados del Inai faltantes, el coordinador de Morena, sin rubor alguno dijo: “Si aceptan las propuestas que lleva Morena se puede construir (la mayoría necesaria). Si no aceptan las propuestas que lleva Morena, vamos a seguir prácticamente sin alcanzar mayoría”. No podía ser más nítida la pretensión de convertir a los nuevos comisionados del Inai en alineados a la voluntad del partido mayoritario, cuando la misión del Inai es precisamente la de acompañar a los ciudadanos que no reciban respuestas de información satisfactorias por parte de las dependencias gubernamentales.
Declaraciones, actos, reformas legales, operaciones presupuestales, saboteos de nombramientos, tienen una lógica: erosionar el diseño republicano que se desprende de la Constitución (forjando un sistema de pesos y contrapesos), para concentrar el poder en una presidencia que se piensa por encima de esas normas y de los otros poderes.
