Ciudad de México.- Representantes de las comunidades rarámuri de Huitosachi, Mogótavo y Bacijípare, en Chihuahua, acudieron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para reiterar su denuncia sobre las afectaciones provocadas por el proyecto turístico Barrancas del Cobre en su territorio, entre ellas, contaminación de ríos y arroyos.
En audiencia pública expusieron que desde un inicio, en 1997, no fueron consultados sobre la iniciativa y a la fecha no se han visto beneficiados, pues no cuentan con servicios básicos, como suministro eficiente de agua potable. Además reclamaron que hacen falta escuelas y que son escasas las personas empleadas en el proyecto.
Por su parte, la representación del Estado mexicano negó que haya una violación a los derechos de las comunidades, como a la consulta. No obstante, indicó que ha impulsado un proceso de diálogo y participación comunitaria para la identificación de sus principales problemáticas y necesidades, a través del proceso de elaboración del Plan de Justicia de la Sierra Tarahumara, Rarámuri, Ódami, Oichkama y Warijó.
Aldo Medina, de la Coordinación General de Derechos Indígenas, explicó que en el marco de dicho plan se han materializado actos de restitución y reconocimiento de la propiedad comunal tradicional y se mantiene en ruta de atención a diversos casos comunitarios.
Enrique Toledo, subsecretario de Turismo del gobierno de Chihuahua, destacó que el Consejo Consultivo, que integra a las comunidades denunciantes y fue creado a partir de una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), ha constituido un espacio de participación, en el cual “se analizan y proponen acciones relacionadas con la actividad turística de la región”.
Expuso que en materia de agua y saneamiento, desde 2023 se han analizado y propuesto distintas alternativas para la ubicación de la infraestructura destinada al tratamiento de aguas residuales, pero a la fecha no se ha alcanzado un acuerdo.
En su turno, Alejandro Encinas, representante permanente de México ante la Organización de los Estados Americanos, enfatizó que la comparecencia del país no es para desconocer las preocupaciones expresadas por las tres comunidades “y tampoco pretende sostener que las acciones desarrolladas durante los últimos años eliminan por sí mismas las controversias históricas planteadas”.
El Estado, dijo, está consciente que la situación ambiental debe continuar siendo evaluada integralmente y que las medidas relacionadas con el agua deben producir resultados verificables para las comunidades.
Los representantes de las comunidades rarámuri expusieron que la principal infraestructura del proyecto turístico se construyó sobre superficies despojadas y otras colindantes. Carmen Herrera, asesora, señaló que como parte del proyecto se construyó el Parque de Aventura, el cual es administrado por el gobierno de Chihuahua, pero se desconoce el destino de las ganancias.
Indicó que si bien en 2012 la SCJN ordenó la creación de un plan de desarrollo regional acordado con las comunidades, aún no se tiene. En tanto que el Consejo Consultivo ha sesionado 51 veces, pero fue hasta la 18, en 2016, cuando los representantes de las comunidades contaron con intérpretes; y las decisiones son tomadas por gobierno y empresarios.
Con información de La Jornada.
