Carlos Fernando Angulo Parra.
Ante la reforma al Poder Judicial, la reestructuración del Congreso de la Unión, que desaparece la representación proporcional, la desaparición de los órganos autónomos, y la reinstauración de la prisión preventiva oficiosa que hace que se encarcelen a los ciudadanos sin que se haya probado su culpabilidad; se concentra el poder del Estado mexicano en la presidencia de la República, eliminando por completo los frenos constitucionales al abuso del poder, que se dirige a que los ciudadanos perdamos nuestras garantías que nos dan los derechos humanos, poniéndose en riesgo nuestros trabajos, nuestro patrimonio, nuestra democracia y nuestra libertad.
Los únicos que nos pueden salvar de estas amenazas son los integrantes de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
Si los magistrados del Tribunal Electoral deciden cumplir con el espíritu democrático de nuestra Constitución, se convertirán en los héroes que salvaron a la Patria, al proteger nuestro sistema democrático y nuestras libertades.
De lo contrario, si traicionando al pueblo de México, deciden seguir los dictados del presidente Andrés López, van a llevar por el resto de sus vidas la carga del repudio ciudadano, de sus parientes, amigos, vecinos, colegas y toda persona que los reconozca en su colonia, supermercado, cine, eventos deportivos, escuelas, clubes y universidades. No podrán salir de sus casas sin enfrentar todos los días el repudio ciudadano.
Por ello, ustedes, magistrados del Tribunal Electoral, deben de pensar claramente cuál es la disyuntiva: afrontar la ira presidencial o la ira ciudadana.
El presidente ya se va, la presidente electa se encuentra entre la espada y la pared, tiene que afrontar el enorme problema que estas reformas causarán a México. Primeramente, se perderá el grado de inversión, que hará que el costo deo servicio y la negociación de la deuda pública sea más elevado y más complicada. Habrá reclamos bajo el T-Mec, respecto de mantener un sistema judicial independiente, así como reclamaciones de la ONU y de la OEA. Se observarán las reformas violatorias a las garantías de respeto a los derechos humanos en la reinstauración de la prisión preventiva oficiosa.
También esta situación causará daños mayores a nuestra economía, habrá fuga de capitales, primeramente los capitales de inversión en bolsa, provenientes de fondos que se encuentran regulados en sus países de origen, que no les permiten invertir en países que no tienen sistemas judiciales independientes, luego vendrán las cancelaciones de inversiones que se verán con riesgos mayores a los proyectados con este cambio radical de régimen que se vendría, sin contar con la fuga de capitales de mexicanos que prefieren proteger sus capitales en países extranjeros, ante el miedo que da la incertidumbre del actuar futuro del gobierno ante el ominoso poder que le otorga la reforma constitucional.
Y, no se diga, la enorme pérdida de empleos que todo ello ocasionará, con la generación de pobreza que vendrá.
La presidente electa se verá arrinconada con una deuda externa que se tornará superior frente a las devaluaciones del peso que se nos vendrán encima, derivada de la fuga de capitales que requerirán divisas encareciéndose su adquisición.
Por lo antes mencionado, los magistrados electorales deben considerar que las supuestas consecuencias de la venganza que pueda venir del presidente López quien no tendrá tiempo de llevarse a cabo en los treinta días que le quedarán de mandato, y para la nueva presidente le caerá como anillo al dedo el rechazo a la sobrerrepresentación, ya que no tendrá que afrontar las consecuencias de la reforma y de una posibilidad de verse en la necesidad de revertirla.
Sin embargo, para que el escenario positivo que planteo se lleve a feliz conclusión será necesario que los ciudadanos, organismos empresariales, colegios de profesionistas, universidades y entidades de gobierno continuemos con nuestras protestas, para reducirle a la presidente electa el costo de tener que lidiar con una situación insostenible de crisis financiera que le costará a su gobierno infinitamente más que mantener el statu quo de las instituciones del país.
