Ciudad de México.- De 69 países evaluados, México se ubica en la posición 66 de los peor calificados en el combate a la impunidad, con base en el Índice Global de Impunidad 2017.
Y lo que hay detrás de esta impunidad en escalada es el mal funcionamiento de la procuración de justicia en el país, lo cual podría deberse a intereses particulares de quienes tienen esa labor en sus manos.
Tal vez ese sea el camino más corto para explicar la importancia de contar con una Fiscalía Anticorrupción autónoma, libre de ataduras políticas y que no trabaje para sus propios fines.
Sin embargo, un peligro acecha el nombramiento del nuevo Fiscal Anticorrupción, pues organizaciones civiles ven el riesgo de un fiscal a modo, con lo cual los partidos PRI y Verde buscan que el Procurador General de la República, Raúl Cervantes, se convierta en nuevo Fiscal General de la Nación.
Para Marco Fernández, profesor de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tec de Monterrey e investigador de México Evalúa, la ciudadanía está dolida ante una impunidad rampante y escandalosa, donde nunca hay consecuencias, y, por ello, hacer un nombramiento de un fiscal «sin tentaciones partidistas» es fundamental.
Esto tiene que ver, en primer lugar, con que no hay un correcto funcionamiento de la Procuraduría General de la República y de las procuradurías, donde los ministerios públicos lamentablemente no hacen correctamente su trabajo por múltiples razones. Por un lado, porque a los individuos que forman estas instituciones no se les capacita, no hay correctos procesos de nombramientos independientes con criterios para evitar tentaciones partidistas de los titulares de estas instituciones».Marco Fernández.
Para el experto, hay un abuso de los nombramientos discrecionales que tienen en su poder tanto el Procurador como los procuradores en los estados .
Debe haber un sistema de pesos y contrapesos que garanticen la tentación de evitar el abuso del poder de un gran Tlatoani como hoy tiene el poder el Procurador y los procuradores en los estados.»Marco Fernández.
SIN PASE AUTOMÁTICO
Los colectivos #VamosPorMás y #FiscalíaQueSirva emitieron un posicionamiento desde el Ángel de la Independencia, este 29 de agosto, para llamar al Senado a eliminar el pase automático del actual procurador, así como a contemplar la propuesta de un fiscal de transición, quien despacharía hasta el 30 de septiembre de 2022.
Estamos convencidos de la necesidad de empujar esta agenda que es fundamental para el correcto funcionamiento del país, es por eso que organizaciones de todo el espectro ideológico, algunas más identificadas con la izquierda y otras más empresariales, todas hemos coincidido y por eso iremos juntos para darle mejores condiciones al estado de derecho en nuestro país.»Marco Fernández.
Sobre la importancia de diseñar adecuadamente la Fiscalía Anticorrupción, Fernández destaca el nombramiento de personas que estén desligadas de influencias políticas para que pueda haber realmente un sistema que empiece a profesionalizar la carrera de los ministerios públicos.
Para el investigador de México Evalúa no es una cuestión personal contra Cervantes, va más allá del pase automático, se trata de que como ciudadanos entendamos la necesidad de otorgar autonomía a la Fiscalía Anticorrupción.
Para ello, explica, debe hacerse un consejo del ministerio público con la capacidad de evaluar cómo van las acciones que la institución está haciendo para mejorar la selección del personal y sus resultados.
También, continúa el académico, se debe entender la necesidad de procesos de selección abiertos, en los cuales además haya restricciones para los que aspiren a estas posiciones, como no tener antecedentes partidistas inmediatos y que no puedan ocupar cargos de elección popular a los dos años siguientes de desempeñarse en el puesto, a fin de evitar la tentación de utilizar como plataforma política sus responsabilidades en el ministerio público.
«No hemos pensado en nombres porque creemos que esto no es de individuos, sino de un correcto funcionamiento institucional para tener buenos resultados. En lo que sí hemos insistido es en el entendido de que los liderazgos son importantes, por eso en el diseño de esta propuesta se establecen estos mecanismos de una comisión para los nombramientos», abunda.
Dicha comisión estaría integrada por seis personas, servidores públicos, tres abogados y tres especialistas en seguridad, combate a la corrupción, derechos humanos.
Su objetivo sería evaluar los trabajos de la fiscalía, a fin de crear informes periódicos para enviarlos al Senado.
Será en los próximos días cuando los colectivos acudan a la Cámara Alta a entregar la propuesta.
«Esperamos poder tener conversaciones productivas con las distintas fuerzas políticas, sensibilizarlos sobre el porqué es importante lograr una propuesta de reforma constitucional que encamine los esfuerzos en esta materia en la dirección que proponemos.
Ojalá que la tentación de algunos, que hemos observado, y que se empieza a vislumbrar en las declaraciones de algunos personajes políticos, no termine de ser la prevaleciente, esas tentaciones son las de imponer de manera unilateral ciertos nombres al interior de la Fiscalía General», señala el investigador.
Para Fernández el tema es un reto para la sociedad civil, pues no se trata de una discusión meramente técnica, sino que tiene consecuencias sustanciales para la vida de la sociedad, por ello, llama a los ciudadanos a sumarse para, así, incrementar el costo político.
Si hay la tentación de alguna fuerza política de hacerse guaje y avanzar de forma unilateral modelos que han probado el mal funcionamiento para el país, el costo para la sociedad es muy alto y por eso hay que dar la lucha para que esto no suceda», remató Marco Fernández. (HuffPost México)
