Mientras los escándalos rodean a Javier Duarte, gobernador con licencia de Veracruz, y a Guillermo Padrés, exgobernador de Sonora, otros dos exmandatarios estatales también encaran señalamientos por supuestas irregularidades en sus mandatos: César Duarte, de Chihuahua, y Roberto Borge, de Quintana Roo.
Desde que dejaron sus cargos en semanas recientes, ninguno de los dos ha tenido apariciones públicas, aunque se prevé que tengan que comparecer ante diferentes instancias.
Por ejemplo, al igual que Javier Duarte, enfrentan quejas por parte de compañeros de partido y posibles procesos de expulsión de las filas del PRI, en los cuales tendrían que defenderse. Además, la Procuraduría General de la República (PGR) ha recibido denuncias en su contra en las que se les acusa de perjuicios contra sus entidades y particulares, entre otras cosas.
Este año, cuando comenzaron a difundirse los señalamientos en su contra, tanto Duarte como Borge promovieron reformas locales que les habrían permitido protegerse de investigaciones, pero la propia PGR impugnó dichos cambios y algunos de ellos ya fueron invalidados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
En 2014, la asociación Movimiento Chihuahuense Unión Ciudadana presentó una denuncia contra Duarte por peculado, uso indebido de atribuciones y facultades y enriquecimiento ilícito. Según el documento, Duarte trató de aprovechar su posición para su beneficio personal como accionista del Banco Unión Progreso.
Sin embargo, él niega haber actuado fuera de la ley. Incluso, en septiembre se presentó ante las autoridades, de forma voluntaria, para declarar por el caso.
En septiembre, por su último informe de labores, lanzó una serie de spots en los que pedía perdón por los errores de su administración.
En Quintana Roo, en tanto, Borge es acusado de encabezar una red que despojó a empresarios de centros turísticos en Tulum, Playa del Carmén y Cancún.
Su última aparición pública ocurrió a finales de septiembre, antes de dejar el cargo, cuando entregó títulos de propiedad. Para entonces, Borge ya enfrentaba críticas de su sucesor, Carlos Joaquín, quien asegura que recibió una entidad en quiebra, con un grave déficit en las finanzas públicas.
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