Jorge G. Castañeda
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En los próximos días se divulgará el proyecto de reforma electoral del gobierno de Claudia Sheinbaum. Al igual que la reforma del poder judicial, es difícil determinar si dicho proyecto es de ella o de López Obrador, o si la diferencia es irrelevante: se encuentran por completo compenetrados en estos temas.
A reserva de que el Partido Verde o el PT no puedan patalear lo suficiente para conseguir un acuerdo que los proteja no sólo para el 2027, sino también para el 2030, la reforma incluirá aspectos ya publicitados. Se limitará la autonomía del INE, sin que se pueda vaticinar hasta qué punto.
Se reducirá su financiamiento y el que el Instituto otorga a los partidos, recortando sobre todo el apoyo que reciban en los años durante los cuales no hay elecciones.
Disminuirá el número de diputados en general, y en particular los de representación proporcional (RP). Dudo que López Obrador y Sheinbaum tengan la audacia de proponer un esquema de RP puro y completo, que en lo personal me agradaría. Se eliminarán las senadurías de RP, y se adelantará la fecha de revocación de mandato para coincidir con las elecciones del 2027.
El PT y el Verde buscarán la manera de obtener beneficios de un tipo o de otro para compensar por lo que pierdan de diputados, senadores y financiamiento público. Por último, se ampliará la ventanilla de registro de nuevos partidos, sin necesariamente facilitar la obtención del mismo.
Todo esto implica un debilitamiento más o menos severo de la de por sí maltrecha democracia mexicana. El control de los medios, la desaparición de la independencia del poder judicial y de los organismos autónomos, y la captura del INE y del Tribunal Electoral ya han carcomido lo que se construyó en los noventa. Se trata entonces de un tiro de gracia para lo que queda.
Nada de lo escrito es nuevo, ni carece de múltiples razonamientos y argumentos para afirmarlo. La pregunta consiste en definir las posturas de cada uno ante semejante trastocada del andamiaje erigido antes. Veo cuatro sectores que se verán obligados a posicionarse, y sugiero aquí lo que yo respondería al respecto si alguien me preguntara.
La oposición primero. Entiendo lo seductor de proponer una reforma “alternativa”, para no aparecer como simples defensores del statu quo y del costo, que a muchos ojos parece exorbitante, de los comicios mexicanos. Sin embargo, PAN, PRI, MC y Somos México cometerían un error. No hay razón válida alguna para cambiar lo que funciona. If it ain´t broke, don´t fix it.
En segundo término, los expertos, en particular exconsejeros y expresidentes del IFE o del INE y académicos especializados. Se antoja lógico que ellos opinen al respecto y se asocien para presentar un esquema diferente que tome en cuenta los defectos que ellos mismos han detectado en el sistema actual a lo largo de los años. No se les puede reclamar.
Pero dudo que acierten si procuran convencer a los partidos de asumir su propuesta, que técnicamente será robusta, pero que sólo con grandes dificultades podrá explicarse en términos sencillos a la opinión pública.
Luego, los empresarios. A pesar de todas las elucubraciones de la 4T, México sigue siendo un país de poderes fácticos, y junto con las fuerzas armadas y Estados Unidos, el empresariado constituye el más poderoso de esos poderes. Aunque algunos hombres de negocios sostendrán que no les corresponde a ellos opinar sobre estos temas, es evidente que el desenlace les afectará sobremanera.
Sin financiamiento público, o bien lo habrá privado, es decir, suyo, o triunfará siempre el partido gobernante, por ahora Morena. Creo que, al igual que la oposición, el empresariado debe simplemente decir que no a la reforma, sin enredarse en elaborar un plan alternativo imposible de explicar e innecesario.
Por último, la comentocracia, es decir, los medios y la academia no especializada pero que opina. Debiera concentrar su fuego contra la reforma del oficialismo, sin recomendar otros senderos, ni aceptar unos componentes de la propuesta gubernamental, rechazando otros. El atractivo de ser propositivos es descomunal –lo entiendo– pero caer en ello es fatal.
Sobre todo para gente pensante: ¿Qué sentido tiene arreglar algo que no está descompuesto? Más allá de los aspectos específicos que cada quien critique o abomine del sistema actual –por ejemplo, me disgusta profundamente el procedimiento para lograr y sostener una candidatura independiente– el conjunto de reformas de 1996 en adelante es altamente preferible a la reforma de Morena.
El debate apenas arranca, pero durará poco. Sheinbaum va a querer sacar esto adelante lo más pronto posible, para concentrarse en lo principal: defenderse de Trump y lograr que la economía crezca. Como dijo Pablo Gómez, las mayorías parlamentarias sirven para eso.
