Este lunes, el Parlamento venezolano, compuesto en su mayoría por la oposición, declaró al actual presidente Nicolás Maduro en “abandono del cargo”, debido a su responsabilidad en la grave crisis que sufre el país, y llamo al pueblo a celebrar nuevas elecciones.
«Aprobado el acuerdo con el cual se califica el abandono del cargo a Nicolás Maduro y se exige una salida electoral a la crisis venezolana para que sea el pueblo el que se exprese a través del voto», anunció el jefe de la Asamblea Nacional, Julio Borges.
La opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) acusó a Maduro de incumplimiento de deberes y haber hundido al país en una grave crisis económica, causando la escasez de alimentos y medicinas, la inflación más elevada del mundo y un tremendo índice de criminalidad.
«Hay que presionar al Gobierno para que se den las elecciones», afirmó Julio Borges, sosteniendo que los actos de Maduro son inconstitucionales, pues no ha garantizado el derecho a la alimentación, la salud y la vida de su pueblo, responsabilidad que debería recaer en la figura del presidente.
Según la ley, si el Parlamento declara «falta absoluta» del gobernante antes de que cumpla su cuarto año de mandato, se convocarán elecciones en 30 días. Después de ese límite, será sustituido por el vicepresidente para completar los dos años restantes del periodo presidencial.
Antes de este anuncio parlamentario, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) declaró que el Parlamento carece de facultad para destituir a Maduro.
“La Asamblea Nacional no tiene facultad para destituir al presidente de la República», fue la advertencia del TSJ, organismo acusado de servir a los intereses del Gobierno.
La cúpula del Poder Judicial recordó que en noviembre prohibió a los legisladores “convocar y realizar actos que alteren el orden público; instigaciones contra autoridades y poderes públicos, así como otras actuaciones al margen de los derechos constitucionales y del orden jurídico”.
La crisis política en Venezuela se agudizó a finales de octubre pasado, después de que la justicia penal suspendió la celebración del referendo revocatorio que la oposición pretendía activar para echar a Maduro del palacio de Miraflores. La mayoría parlamentaria rechazó el bloqueo de la consulta electoral y denunció que en el país se instauró una dictadura.
El debate fue cerrado por el expresidente del Parlamento, Henry Ramos Allup, quien aclaró que si bien esta disposición legislativa no concluiría con la defenestración de Maduro, “nosotros no nos podemos abstener de cumplir con nuestros deberes constitucionales. Nosotros no vamos a incurrir en abandono”.
