Ciudad de México.- El incendio en la estancia migratoria en Ciudad Juárez, Chihuahua, hace tres años, donde murieron 40 migrantes y 27 resultaron heridos, no es un caso cerrado, afirmaron organizaciones civiles que acompañan a las víctimas. A la fecha, refirieron, sólo hay cuatro personas en prisión y siete siguen su proceso en libertad; en tanto que el ex titular del Instituto Nacional de Migración (INM), Francisco Garduño, continúa acusado por ejercicio ilícito del servicio público.
En un conversatorio, Fundación para la Justicia, el Instituto para las Mujeres en la Migración (Imumi) y Derechos Humanos Integrales en Acción (DHIA) señalaron también que aún hay deficiencias en la reparación del daño.
Lorena Cano, del Imumi, expuso que actualmente no todos los que vivieron esta tragedia “han recibido una reparación o compensación económica”. Además de que 15 mujeres no han sido reconocidas como víctimas, bajo el argumento de que no sufrieron lesiones.
Mencionó que a través del acompañamiento que han dado las organizaciones a nueve núcleos de familias de migrantes que murieron, nueve sobrevivientes y cuatro mujeres, “nos dimos cuenta que había mucha preocupación por parte del gobierno de proteger al ex comisionado Francisco Garduño… lo que querían a toda costa era poder librarlo de este procedimiento penal”.
Marcos Zavala, abogado de Fundación para la Justicia, explicó que las personas detenidas por la tragedia en Ciudad Juárez son dos migrantes venezolanos, un elemento de seguridad privada y un agente del INM.
Sobre Garduño, actual director general de Centros de Formación para el Trabajo de la Secretaría de Educación Pública (SEP), indicó que han solicitado que se le suspenda de este puesto para que “no utilice el andamiaje jurídico para defenderse”.
Blanca Navarrete, de DHIA, afirmó que tras el incendio del 27 de marzo del 2023, “todavía tenemos preguntas como ¿quién proporcionó o permitió el ingreso del encendedor (con el que se inició el siniestro) en el área de hombres?, ¿quién tenía las llaves de esta área y por qué no fueron utilizadas para sacarlos a tiempo?, y ¿por qué las mujeres sobrevivientes han referido que escuchaban en una celda contigua gritos de tortura antes del incendio?”.
Las organizaciones recordaron que las personas migrantes se encontraban bajo custodia del Estado mexicano, “por lo que tiene y tenía una responsabilidad irrenunciable de garantizar su vida, seguridad y acceso a la justicia”.
Advirtieron que los hechos no pueden entenderse como un evento aislado. “El incendio fue reflejo de una política migratoria basada en la detención, la criminalización, la estigmatización, la discriminación, el racismo y la contención de personas en movilidad”.
Como parte del conversatorio, se inauguró una exposición en la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México.
Con información de La Jornada.
