No existe ninguna duda en mi mente de que por lo menos desde los años sesenta, el Estado mexicano espía, vigila, sigue e interviene los teléfonos de sus adversarios, sus críticos, y sobre todo, sus integrantes y adeptos (para que lo sigan siendo). En momentos cruciales, se agudiza la vigilancia; el resto del tiempo, seguramente se lleva a cabo con la misma ineptitud, desidia e impericia que caracteriza a las fuerzas del orden nacionales en otros menesteres. No hay nada nuevo bajo el sol.
Salvo que en el caso del software Pegasus y de la empresa israelí NSO, los cacharon. Esa es la gran diferencia entre el escándalo revelado por The New York Times y la mayoría de los anteriores, remontándonos a la infame Dirección Federal de Seguridad de Gutiérrez Barrios, Miguel Nassar y García Paniagua. A reserva de que resulte falsa la historia narrada en el largo reportaje del diario neoyorquino el lunes, esta vez un medio de prestigio internacional informa de una estrategia de intervención telefónica y de datos en diez casos concretos –deben ser muchos más– con nombres y apellidos. Los autores consultaron a los afectados, a expertos en “encriptar” y “hackear” celulares, a la empresa fabricante del software, y hasta al gobierno mexicano, que desde luego se hizo el desentendido.
He aquí la segunda característica novedosa de este caso. Normalmente, los gobiernos se rehúsan a responder –desmintiendo o confirmando– casos de espionaje de cualquier índole. Esta vez, Peña Nieto no tuvo más remedio –por tratarse del Times, de la extensión y detalle del reportaje, y de la coyuntura en la relación con Estados Unidos– que enviar una carta patética al Times, que podría haber sido redactada por Donald Trump. “No hay ninguna prueba de que fuimos nosotros”, dice el pobre encargado de medios internacionales de la Presidencia. E insta a las víctimas a interponer una denuncia ante la PGR, una de las tres dependencias que adquirió el software en Israel. Sólo que al responder, abre una caja de Pandora que no va a poder cerrar fácilmente.
El gobierno tiene manera de averiguar qué sucedió. Sabe exactamente qué dependencias compraron Pegasus, sabe cuánto han pagado por sus servicios –65 mil dólares por cada aparato hackeado– y quien tuvo acceso al dispositivo para utilizarlo, en su caso, indebidamente. El hacker no deja huellas en el celular intervenido, pero sí existen necesariamente huellas presupuestales, de cadena de mando, de utilización en oficinas de gobierno, o incluso de alquiler o venta venal del equipo a terceros.
Nadie puede afirmar que la PGR, el Cisen o la Sedena utilizaron el software para espiar a los mexicanos y la norteamericana nombrados en el artículo de NYT. Pero si se puede afirmar que el gobierno cuenta con las herramientas necesarias para saber quién fue, aunque se tratara de un esquema más de corrupción de este régimen: un alto funcionario “prestando” el servicio a particulares, o a otros funcionarios, o a políticos externos a la administración pública, pero cercanos al partido de gobierno.
Es cierto que no veremos el espectáculo de Osorio Chong (jefe de las instancias de seguridad), Imaz, Cervantes, Cienfuegos o Meade (el que paga), interrogados en cadena nacional por senadores o diputados bien preparados y documentados sobre Pegasus y The New York Times. Es mucho pedir. Pero no lo es insistir que el gobierno investigue de oficio lo que probablemente sea un delito, sin duda es una estupidez, y seguro es inmoral.
