Carlos Angulo Parra
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Espero que a la mayoría de los mexicanos que actuamos de buena fe, y no los que actúan por un interés meramente personal y de conveniencia, o por sentirse amenazados o por ser personas que forman parte de una comunidad que se ha visto beneficiada, directa o indirectamente, del gobierno que padecemos, nos queda claro de que estamos inmersos y padeciendo de un narcogobierno.
Debemos tomar en cuenta que el régimen actual con AMLO y Sheinbaum destruyeron por completo las reformas estructurales que, con el consenso de la inmensa mayoría de los partidos políticos, se llevaron a cabo en los primeros tres años del gobierno de Enrique Peña Nieto.
Cuando la mayoría de dichas reformas habían sido propuestas del Partido Acción Nacional durante sus doce años en los que detentó la Presidencia de la República, pero que el PRI y, la entonces izquierda, inmersa en el PRD, le negaron por meros intereses partidistas llenos de egoísmo, al saber que al aprobarse le beneficiaría inmensamente al PAN.
Y así, al tomar el poder morena teniendo al frente a López Obrador y luego a la presidente Sheinbaum, fue poco a poco entregando el país en charola de plata a los oligarcas, al destruir las reformas estructurales ya que ellas afectaban en mucha medida sus intereses monopólicos y de dominio económico; así como también les afectaban al crimen organizado dando mayor fluidez al sistema judicial y de procuración de justicia, por lo que AMLO lo dejó operar a sus anchas con su política de “abrazos no balazos”.
Pero, ahora el régimen tiene enfrente una gran amenaza que explícitamente le ha presentado el presidente de los Estados Unidos Donald Trump, o arreglan el problema del narco en México o intervienen los gringos para arreglarlo.
Así se han dado las primeras acciones para cumplir con dicha amenaza, al haber Estados Unidos aventado el primer dardo al solicitarle a México la aprensión con fines de extradición, de sendos políticos sospechosos de colusión con los narcos.
Esta acción promovida por nuestros vecinos es política y técnicamente impecable, solicitando a México el arresto de sospechosos en base a un tratado internacional que es ley suprema de México, con el fin de detener de forma preventiva a personas que han sido sujetas a proceso en Estados Unidos, en base en la determinación de lo que se denomina como Gran Jurado que remite al sistema judicial a presuntos delincuentes, en base en la probable responsabilidad basada en ciertas pruebas, que para efectos del tratado, deben de presentar a México en un plazo de 60 días a partir de la detención de los inculpados.
Pero si México no cumple, como aparentemente no lo hará, conforma a las múltiples declaraciones de nuestra presidente, entonces los Estados Unidos actuarán al margen del tratado, utilizando los múltiples recursos a su alcance.
Con ese escenario los mexicanos debemos antes las próximas elecciones determinar a quienes les daremos el poder legislativo (la Cámara de Diputados) 17 gubernaturas, congresos locales y miles de ayuntamientos y alcaldías.
¿Dejaremos al narcogobierno que continúe afectándonos a todos o les daremos la primera patada para que dejen el poder en definitiva en 2030? Ésa es nuestra decisión, ejerzámosla.
