Aunque la presidencia de la República es muy importante, la verdadera batalla política de 2024 será el tipo de régimen político que queremos para México. López Obrador lo anunció la semana pasada: en 2024 buscará que Morena gane la mayoría calificada en el Congreso para redefinir las atribuciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y la forma de seleccionar a sus ministros.
Si lo logra, la Corte dejará de ser un tribunal constitucional y se convertirá en una extensión política del gobierno, una suerte de poder militante de la transformación obradorista.
Ya con la mayoría calificada en ambas cámaras del Congreso, López Obrador —durante el último mes de su gobierno— también propondría una reforma electoral para desaparecer al Instituto Nacional Electoral (INE) y eliminar otros órganos autónomos o reguladores como el Instituto de Transparencia (INAI) y la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece).
No solo eso, podría darse el lujo de convocar a un Congreso Constituyente y forzar a que el nuevo gobierno de Morena tenga que asumir esa agenda legislativa. López Obrador ataría las manos de su sucesor@. Un Congreso Constituyente para reescribir la Constitución y —ahora sí— cambiar las bases económicas y políticas del desarrollo del país.
Cabe recordar que, durante los primeros cuatro años de gobierno, López Obrador mantuvo una relación cordial con la Suprema Corte. Le dio luz verde a su presidente, Arturo Zaldívar, para diseñar una reforma judicial que fue aprobada por unanimidad en el año 2021. Cuando se acercaba el fin del periodo de Zaldívar, AMLO quiso que se prolongara su mandato, algo que afortunadamente no se materializó.
Durante ese periodo de cuatro años, la Corte raramente impuso límites al presidente. Le permitió una consulta popular inconstitucional para presuntamente juzgar a ex presidentes y pospuso decisiones trascendentales sobre la militarización de la seguridad pública, la Guardia Nacional y sobre normas penales militares.
Cuando analizó las impugnaciones en contra de la reforma eléctrica, la Corte no alcanzó los ocho votos para declararla inconstitucional.
La Corte se convirtió en los hechos en una institución cómoda y complaciente para los designios de López Obrador. Todo cambió cuando se renovó la presidencia y llegó una persona de carrera judicial que ha facilitado que este poder público retome su función de tribunal constitucional.
Que la Corte haya rebotado en las últimas semanas dos de las tres reformas más relevantes de la segunda mitad del sexenio —la transferencia de la Guardia Nacional al seno de la Secretaría de la Defensa Nacional y la reforma electoral— ha puesto a López Obrador en actitud de guerra.
El presidente ha encontrado en la Corte un nuevo fetiche para dar la última batalla de su sexenio. Una suerte de mito para encauzar su lucha política en contra de las élites conservadoras. Un paraguas retórico para hacer campaña abierta en 2024. Y también un pretexto para meterse a la cocina del futuro gobierno, para dejarles la comida ya preparada.
Para quienes creemos que la democracia constitucional con división efectiva de poderes es la ruta correcta de desarrollo político del país, hay una amenaza creíble sobre la mesa. Hay una pistola cargada. Solo los votos pueden desactivar esta bomba de tiempo.
Efectivamente, el modelo de democracia representativa ha tenido enormes deficiencias en las últimas décadas. Pero la alternativa, el modelo autoritario populista, es un calabozo de propaganda y de gobierno voluntarista de una sola persona que sólo mina las libertades y el desarrollo económico de mediano plazo: es insostenible fiscalmente.
