José Woldenberg
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El miércoles 13 de mayo en su conferencia de la mañana y en el marco de su defensa del gobernador con licencia Rubén Rocha Moya, la presidenta de la República dijo: “la institución correspondiente de valorar la elección (se refiere a la de Sinaloa en 2021) lo hizo; eso significa que no había ninguna prueba… Hay que decir que en aquella época todavía era presidente del INE Lorenzo Córdova… En todo caso… debería de haber dicho tenemos pruebas, “Tribunal actúa porque aquí se presentaron” …”.
No queda clara la intención de la presidenta: a) ¿desea explotar el prestigio de Lorenzo Córdova para convalidar aquella elección? o b) ¿trata de enlodar en aquel estercolero al ex presidente del Consejo General del INE? Pero sea la que sea su intención, lo cierto es que su lógica no parece muy sólida.
1. Permítanme iniciar con una analogía caricaturesca. Un grupo de personas se ponen de acuerdo para asesinar a otra. Lo planean todo y el crimen se realiza con premeditación, alevosía y ventaja.
Logran su objetivo e intentan pasar por inocentes. La autoridad, por negligencia, imposibilidad de atar cabos, complicidad o lo que ustedes gusten, no descubre a los culpables y estos siguen paseándose por las calles. Ello no hace que el crimen no se haya cometido y que existan los criminales.
En el caso de las elecciones de Sinaloa de aquel año hay testimonios suficientes sobre amedrentamiento a votantes, secuestros de funcionarios y militantes de partidos enfrentados a Morena, de robo de urnas, etc. De tal suerte que el intento por colocar la responsabilidad en las autoridades electorales no parece ser una línea de argumentación demasiado firme.
2. Pero en efecto, dado lo sucedido, las autoridades bien podrían ser indolentes o cómplices de aquellos hechos. En el caso del asesinato ficticio, policías y ministerio público a lo mejor estaban coludidos con los criminales y por ello serían responsables del delito de encubrimiento y quizá de algo más. Y si el caso hubiese llegado ante un juez, habría que evaluar la actuación de éste.
Pero sería absurdo hacer responsables también, digamos, al secretario de Salud o al jefe de bomberos. Y eso porque en el asunto comentado por la presidenta, todo parece indicar que no le pasaron las tarjetas adecuadas.
Todo el mundo sabe (o debería saber) que el INE es el responsable de las elecciones federales (presidente, senadores y diputados) y los institutos locales de los comicios para gobernador, congreso local y ayuntamientos, y que en el caso de Sinaloa fue el tribunal local el que calificó la elección y que ¡oh sorpresa!, fue la magistrada Aída Inzunza Cázares, hermana del senador hoy al parecer ilocalizable, Enrique Inzunza, la que elaboró y presentó el proyecto que validó aquella elección.
Por si fuera poco, el propio Lorenzo Córdova, en su artículo del 14 de mayo en este mismo diario, recordó (porque la memoria es flaca), que los secretarios de los Consejos Distritales del INE en Sinaloa presentaron ante las fiscalías de delitos electorales local y federal una serie de denuncias sobre “personas armadas que sustrajeron y destruyeron documentación electoral, agresiones que interrumpieron la votación y robo de paquetes electorales, entre otros”, y que las fiscalías miraron para otro lado.
Así que cualquiera que haya sido la intención de la presidenta, lo que parece muy difícil de afirmar es que aquel 6 de junio en Sinaloa no hubo complicidad entre bandas de delincuentes y los candidatos de Morena y quizá incluso de las autoridades electorales del estado y la fiscalía.
