Bruselas.- La dura política migratoria introducida por el presidente estadounidense Donald Trump llega en un momento en el que la frontera norte de México está sumida en una enorme crisis por la ausencia de una respuesta integral duradera para atender las necesidades que enfrentan miles de personas en movimiento.
La decisión de Trump de deportar masivamente a indocumentados, militarizar la frontera, suspender la aplicación digital de asignación de citas migratorias CBP One y ampliar las competencias del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), exacerbará la ya precaria situación que experimenta la frontera compartida con la Unión Americana.
Para comprender la situación de la población mexicana en movimiento en Baja California, Chihuahua, Sonora y Nuevo León, el Consejo Noruego para Refugiados (NRC) y el Comité Internacional de Rescate (IRC) hicieron un estudio, con fecha de diciembre y que se basa en 284 encuestas en hogares, 16 entrevistas a informantes clave y cuatro mesas de discusión con grupos focales.
“Esta población se encuentra en una situación particularmente vulnerable, sin opciones viables: la mayoría no puede regresar a sus lugares de origen debido a la violencia y la inseguridad, mientras que el acceso a protección internacional en Estados Unidos se ve obstaculizado por políticas restrictivas y largos tiempos de espera. En su ubicación actual se enfrentan a necesidades de protección y asistencia, mientras que las respuestas y servicios disponibles presentan brechas importantes”, señala el estudio.
De acuerdo con el análisis, una de cada cuatro personas reporta algún tipo de abuso, siendo las amenazas el fenómeno más común. También se documentaron casos de violencia física, desaparición, detención arbitraria, discriminación, intentos de reclutamiento por grupos criminales, robos y violencia basada en género.
“De manera alarmante, 7% del total de encuestados reportaron casos de secuestro de ellos mismos o de familiares”.
“Las mujeres enfrentan mayores riesgos y violencia: han huido por violencia y amenazas en mayor proporción y presentan mayor imposibilidad de retorno, ya que 67% reporta que retornar representa un riesgo contra su vida, versus 39% de los hombres”.
En cuanto a los perpetradores de los abusos, las organizaciones criminales fueron identificadas como las principales responsables, seguidas por autoridades estatales y miembros de la comunidad, aunque casi dos de cada 10 víctimas prefirió no identificar al actor responsable, por temor a represalias. “Cuando hablas de Tijuana hablas de muerte, hablas de necesidad, de narco, de delincuencia”, dijo una mujer en un albergue citada en el reporte.
Al riesgo de protección se añade una situación de inestabilidad. Sólo 25% cuenta con ingresos por empleo u otra actividad económica; 35% carece de documentos esenciales para acceder a servicios, y sólo la mitad de los hogares con menores de edad reporta que los niños asisten a la escuela.
El informe recomienda a las autoridades aplicar programas orientados hacia una integración efectiva. “Algunos albergues, preocupados por la seguridad de sus residentes, les aconsejan no salir, lo que resulta que las únicas fuentes de ingreso sean actividades dentro del albergue o remesas de familiares en Estados Unidos”, ejemplifica el reporte, que añade que no hay datos oficiales sobre la magnitud de las personas afectadas. El Internal Displacement Monitoring Centre (IDMC) estima que en el país hay 392 mil personas desplazadas. (El Universal)
