El gobierno de López Obrador ha emprendido un camino de combate a la pobreza extrema como si no hubiera mañana, y para la enorme mayoría de los posibles beneficiarios, no lo hay. Pero eso no significa que se está trabajando con eficacia, ni, sobre todo, si las autoridades actuales se tomaron la molestia de estudiar a fondo los esquemas anteriores en México, o los que se han puesto en práctica en otros países. Incluso entre no especialistas, la discusión resulta apasionante.
En un largo editorial esta semana, The Economist se ocupa del tema en la India, donde habrá elecciones parlamentarias este mes y el siguiente. Según el semanario inglés, en la India hoy existen unos 50 millones de personas viviendo en extrema pobreza, la cifra más alta del mundo después de Nigeria y el Congo. En términos parecidos a los de México, cuenta con 950 programas y subsidios centrales, para fertilizantes, luz, agua, empleo, etc.
El costo y la mala administración de los programas es tal que el Banco Mundial reconoció hace poco que, en un Estado pobre, sería más eficaz suprimir todos los subsidios y entregarle el dinero directamente a la gente (lo que AMLO quiere hacer con las estancias infantiles).
El problema en la India –y en México– es la determinación de la población objetivo, incluso para simplemente entregar dinero. La identificación del “blanco” es cara y difícil. Si sólo se pretende alcanzar a la gente más pobre, se corre el riesgo de perder cualquier apoyo popular para programas contra la extrema pobreza. The Economist cita a Amartya Sen: “los apoyos que sólo llegan a los pobres suelen convertirse en pobres apoyos”.
Y un programa universal, como el que propuso Ricardo Anaya durante la campaña presidencial en México, y que el Primer Ministro Modi de la India ha iniciado como plan piloto en varios estados, es caro, puede parecer injusto: a Slim le toca igual que las comunidades más empobrecidas del Mezquital, y cuesta mucho dinero no entregárselo a Slim, o montar un sistema para que él lo devuelva. Francisco Gil, secretario de Hacienda de Fox, recibió ya su apoyo de adulto mayor duplicado; busca devolverlo, pero no ha encontrado cómo.
López Obrador ha propuesto, y dice que está aplicando, un esquema de múltiples programas con población definida. Se trata de adultos mayores, gente en situación de pobreza –se supone que los ex Prospera/Oportunidades/Progresa–, discapacitados, preparatorianos, “ninis” y algunos más. El debate internacional sugiere que esto no va a funcionar. Un informe gubernamental de la India de hace dos años sugirió un enfoque muy distinto. Valdría la pena considerarlo.
¿Qué tal si en lugar de apoyos con población definida, o de un ingreso universal, lanzar un proyecto de un ingreso para todos, salvo el 25% más rico de la población? Los ricos son mucho más fáciles de detectar que los pobres; del costo en la India sumaría un 5% del PIB, más o menos lo mismo que cuestan ahora todos los subsidios y las entregas del Estado.
Supongo que los especialistas en erradicación de pobreza extrema de la 4T ya estudiaron esta propuesta y que tienen una opinión al respecto. Parece interesante, aunque difícil de poner en práctica. Pero las de AMLO, ¿son fáciles?
