La más reciente noticia en la saga de los gobernadores malosos que pretenden blindarse emitiendo decretos, presentando iniciativas y manipulando los poderes en sus estados, es la ejecutoria de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que declaró inconstitucional la serie de leyes impulsadas por dichos gobernadores para adecuar, a su beneficio, al Sistema Nacional Anticorrupción en sus estados.
La base de la declaratoria de inconstitucionalidad se sustentó en el fondo de que no se habían expedido las leyes generales para implementar al Sistema, y los congresos de los estados no tenían facultades para emitir leyes antes de eso. Con esta resolución, la Corte impidió que éstos gobernadores siguieran manipulando el Estado de Derecho para adecuarlo a sus intereses particulares y obscuros.
Pues bien, en mi estado de Chihuahua, acabando de pasar esto, se está dando en estos momentos otra intentona de acomodar las cosas para beneficio del gobernador César Duarte, quien ahora manipula a los magistrados del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Chihuahua, para hacer designaciones definitivas de decenas de jueces de todos los fueros judiciales, para refugiar a sus amigos en este poder, a fin de que sus camarillas queden debidamente blindadas y hacer más difícil que la justicia llegue a ellos, después de la más escandalosa administración en la historia de Chihuahua, respecto de la rampante corrupción que imperó.
Montesquieu ideó el sistema de división de poderes, a fin de contrarrestar los abusos que la monarquía absoluta trajo para muchos países de Europa, que fue el caldo de cultivo de las Revoluciones Americana y la Francesa. El primer país que instauró esta división al estilo francés, fue Estados Unidos de América, aunque de alguna manera y fuera propiamente de esta teoría, Inglaterra ya había establecido esta división.
Lo que pretendió este principio es que los poderes del Estado estuvieran balanceados, a fin de que ninguno de ellos, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, quedaran arriba de otro poder, permaneciendo un equilibrio de poder para generar las condiciones que un gobierno debe brindar a su pueblo, de orden y respeto a la ley, que generen el entorno necesario para la prosperidad del pueblo y el bien común.
Sin embargo, en México desde nuestra independencia, estas teorías han sido prácticamente letra muerta, ya que hemos tenido innumerables caudillos y dictadores, hasta que en el Siglo XXI con la derrota del PRI en el gobierno federal por la vía democrática, el presidente Vicente Fox, estableció una verdadera división de poderes, que por desgracia no permeó al nivel de los estados, ni al extinto Distrito Federal, manteniendo los gobernadores y jefe de Gobierno, un férreo control sobre los poderes legislativos y el mismo poder judicial.
Claro está, ha habido excepciones, como en mi propio estado de Chihuahua, cuando gobernó Francisco Barrio, como el de Baja California con Ruffo y otros gobernadores, y con algunos gobiernos del PRI y del PAN, que han tenido administraciones con una fuerte oposición en el congreso local.
Ahora bien, en mi estado de Chihuahua, después de que terminó la administración de Barrio, volvió el sistema autoritario del PRI con toda su fuerza, misma que culminó con la administración de César Duarte, por salir (a partir del momento que escribo, le quedan 29 días), con la mayor derrota electoral del PRI en la historia de Chihuahua, pero con los más grandes esfuerzos de acciones autoritarias que son como zarpazos de un león en estado terminal que intenta permanecer vivo.
Hoy nos lo dijo nuestro gobernador electo Javier Corral, estamos en un momento en donde un régimen está a punto de fenecer. Así es en efecto, lo peligroso de estar viviendo lo que yo le he llamado como un quiebre histórico, es que lo que viene o puede ser muy bueno o puede ser desastroso. Por lo pronto, debemos de impedir que cuajen estos intentos de control autoritario de otros poderes del estado. Ya se intentó con el legislativo, pero el Poder Judicial Federal lo impidió.
Ahora se intenta controlar al poder judicial en mi estado. Por eso hago un llamado a los magistrados del Supremo Tribunal de Justicia a que adopten con valentía y determinación institucional el proceso de selección de jueces, evitando las manipulaciones y corriendo un proceso institucional, respetando los términos que marca la ley, y llevando a cabo una selección en donde se elijan como jueces y magistrados a las personas más capacitadas y comprometidas con la impartición de justicia en el Estado, que permita tener ese sano balance de poderes, para desarrollar instituciones fuertes que generen el entorno de Estado de Derecho y orden que todos quedemos para desarrollarnos como sociedad.
Después de la muestra de civismo que nos dieron los ciudadanos de Chihuahua en las recientes elecciones, no debemos de caer nunca más en gobiernos autoritarios que trabajan para el beneficio de unos cuantos.
