José Woldenberg
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El 4 de julio de 1976 se llevaron a cabo elecciones federales. Se elegiría un nuevo presidente de la República y se renovarían las cámaras de diputados y senadores. Dos días antes, en Excélsior, Jorge Ibargüengoitia escribía: “Cada seis años, por estas fechas, siento la obligación de dejar los asuntos que me interesan para escribir un artículo sobre las elecciones, que es uno de los que más trabajo me cuestan.
Puede comenzar así: ‘El domingo son las elecciones, ¡qué emocionante!, ¿quién ganará?’” (Instrucciones para vivir en México).
Competía por la Presidencia, es un decir, José López Portillo, candidato único postulado por el PRI, el PPS y el PARM. El PAN, la oposición tradicional, no presentó candidato porque ninguno de los aspirantes alcanzó el 80% de los votos necesarios en su Convención, lo que por default les dio el triunfo a los abstencionistas.
Solo el Partido Comunista lanzó un candidato alternativo, el reconocido líder sindical Valentín Campa, pero dado que ese partido no tenía registro, sus votos no se contaron. López Portillo ganó con el cien por ciento de los votos válidos.
De los 196 diputados distritales el PRI ganó 195, el otro fue para el PARM. Y gracias a los diputados de partido el PAN obtuvo 20, el PPS 12 y el PARM otros 9. Los 64 senadores fueron para el PRI, aunque uno en alianza con el PPS. En efecto, haciendo eco de Ibargüengoitia, ¡qué emoción, que incertidumbre, que nerviosismo!
En la televisión, la radio y la mayoría de las publicaciones se reproducían los dichos y actos del candidato presidencial destinado a ganar, los recursos públicos fluían hacia esa campaña como si gobierno y partido fueran una y la misma cosa, y el propio López Portillo escribió después: “Por candidato único no tenía yo con quien pelear… Eran como rounds de sombra, de esos que practican los boxeadores moviéndose solos…” (Mis tiempos).
Sin embargo, esa zona de unanimidades, estaba desconectada de la vida política y social. Eran los años de reiterados conflictos en las universidades públicas, de la llamada insurgencia sindical en la que diferentes destacamentos de trabajadores se movilizaban demandando democracia en sus organizaciones, de invasiones de tierras exigiendo su reparto y del surgimiento de agrupaciones autogestivas en el campo, de luchas populares en demanda de regularización de sus asentamientos y la cabal urbanización de los mismos, de sucesivos conflictos entre grupos empresariales y el gobierno, y la formación de grupos armados que pensaban que las vías del quehacer político pacífico se encontraban clausuradas.
Esa desconexión entre el mundo de la política formal y la creciente conflictividad social fue el foco rojo que se prendió incluso en el circuito gobernante. Ya como presidente, López Portillo instruyó a su secretario de Gobernación, Jesús Reyes Heroles, para que realizara una reforma política.
“Endurecerse”, volverse “más rígidos”, dijo el secretario, podría conducir “al rompimiento del orden estatal”; por ello era necesario “ensanchar las posibilidades de la representación política… Mayorías y minorías constituyen el todo nacional, y el respeto entre ellas, su convivencia pacífica dentro de la ley, es base firme del desarrollo, del imperio de las libertades… Cuando no se tolera se incita a no ser tolerado…”.
Luego, se abrió la puerta a la incorporación de nuevos partidos al marco institucional y se remodeló la fórmula de integración de la Cámara de Diputados para que las diferentes corrientes políticas estuvieran representadas. Lo demás, es historia.
