Todo funcionario público, se supone y comúnmente pregonan que están al servicio y protección de la sociedad. En esa dimensión los ciudadanos esperamos que la conducción de sus actividades y labores y las decisiones tomadas, sean libres de corrupción, de malos manejos, del indiscriminado uso y abuso del poder y que sean así mismo acciones o abstenciones basadas en la ética, la moral, con gobernanza y con respeto a las normas jurídicas.
La realidad nos es evidente. Los continuos escándalos que a la luz pública se saben; los actos de corrupción que no son obvios a la vista del ciudadano y los usos y abusos del poder en los que incurren aquellos corruptos servidores públicos, deja mucho que desear.
La falta de valores éticos, morales, liderazgo moral e integridad permean en nuestro entorno y en nuestra cultura e idiosincrasias, sirviendo en todo caso como caldo de cultivo para preservar un sistema corrupto mediante el ejercicio del poder.
Al presente en la llamada máxima casa de estudios, la estructura orgánica ha permitido herramientas mediante la cual los servidores públicos legalizan y hasta legitiman y hábilmente conducen los destinos de este ente público del estado. Con dichas herramientas la cúpula de la administración, se dispensa para sí y para sus allegados de la clase dominante, una serie de prerrogativas y beneficios políticos, económicos y sociales, siendo estos no disponibles e inalcanzables para otros miembros de la comunidad universitaria y de la ciudadanía en general.
Una de las más contundentes herramientas que permite la corrupción en la mayoría de las universidades públicas, viene a ser nada más y nada menos, la mal interpretada, arcaica, disfuncional, anacrónica y grosera, autonomía universitaria.
Es en este concepto, donde los entes públicos de educación superior se nutren de permisos para lograr conformar las estructuras orgánicas auto sustentables dentro de los esquemas que permiten esquivar normas jurídicas, y esquemas que permiten circunvenir y legitimar y legalizar todas y cada una de las actuaciones o abstenciones de sus políticas públicas.
La UACJ ejerce los permisos o abstenciones mediante la autonomía universitaria sin que haya fuerza de reacción que lo prevenga o lo detenga en su caso. Ya habiendo ejercido el gobernador en turno, una de sus facultades de nombramiento de los rectores, ya se implanta la semilla de lo será como se hacen las decisiones, quien decide el cómo, el cuándo, la forma y el fondo de la conducción de sus destinos.
Es en este momento que se crea un nuevo ciclo y circulo vicioso dentro del cual los rectores, habrán de nutrir ese aparato burocrático que de acuerdo a los hechos irrefutables como lo son, los rectores se convierten en vacas sagradas, esos que son intocables, poderosos, altivos, arrogantes, despreciativos de lo ético, la gobernanza, desdeñosos de la cultura de la legalidad y por ende tocados por la corrupción. Excepciones hechas por supuesto.
