Esta noche, el Washington Post reveló que Donald Trump está bajo investigación por posible obstrucción de la justicia, ante su posible interferencia en la investigación de la intervención rusa en el proceso electoral
Robert Mueller, el fiscal especial encargado de la investigación del papel ruso en la elección de 2016 y sus secuelas, está interrogando a altos funcionarios de inteligencia en parte para examinar si Trump intentó obstruir la justicia, reportó el Post, citando a cinco funcionarios que pidieron el anonimato.
Originalmente, la investigación del FBI encabezada por James Comey, quien fue despedido por el presidente el 9 de mayo, y ahora bajo el mando de Mueller, se había enfocado durante meses en intentos rusos de influir en la elección, como también sobre si hubo colaboración de algún tipo entre integrantes de la campaña de Trump y Moscú, pero Trump había sido informado por Comey que él no estaba personalmente bajo investigación.
Eso aparentemente cambió pocos días después del despido de Comey cuando la investigación del FBI sobre la posible obstrucción de la justicia de Trump se inició, y ahora Mueller, en su cargo como fiscal especial, ha incorporado ésta a su cada vez más amplia indagación. Entrevistas preliminares con funcionarios de inteligencia indican, según el Post, que la oficina de Mueller está buscando testigos dentro y fuera del gobierno.
De acuerdo con las fuentes, Daniel Coats, director nacional de inteligencia, Mike Rogers, jefe de la Agencia de Seguridad Nacional, y otros, han acordado ser entrevistados por los investigadores de Muller en el transcurso de esta semana.
La investigación es secreta y no se sabe cuántos ni quiénes más han sido interrogados por el FBI en las últimas semanas.
Con esto se renueva el debate sobre cuáles son las limitaciones de una investigación sobre un presidente activo, aun si se detecta evidencia de un delito mayor. Mueller, como fiscal especial, ha recibido un margen de independencia, pero aún sigue bajo la jerarquía del Departamento de Justicia. Expertos consideran que el Departamento de Justicia no podría presentar una acusación formal contra el presidente; sin embargo, puede entregar las conclusiones y evidencia de tal investigación al Congreso.
El Congreso tendría que decidir si iniciar un juicio político (impeachment), pero con el poder legislativo bajo control republicano, se cree que esto está bastante lejos de ser posible.
