Jorge G. Castañeda
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Todos sabemos que las encuestas de aprobación o popularidad de presidentes o gobiernos deben ser siempre contempladas con prudencia. En el país donde prácticamente se inventaron los sondeos para fines político-electorales, Donald Trump —al igual que su amigo el Peje— insiste que SUS encuestas, a diferencia de las que publican los medios, arrojan extraordinarias cifras de adhesión.
En México, abundan hoy los rumores —y las verdades— de cómo las encuestas privadas comisionadas por varios partidos revelan mermas más significativas de los índices de Morena y del gobierno que aquellas publicadas por distintos medios, encargadas a empresas de casa o externas.
Por eso resulta interesante escudriñar algunos resultados de medios y encuestadores que más allá de sus simpatías o vulnerabilidades, ofrecen números favorables al gobierno en general, pero demoledores en algunos temas en particular. Es el caso de la última encuesta de Alejandro Moreno en El Financiero, en la entrega más reciente de evaluación del régimen que aparece cada mes en el cotidiano.
Ciertamente, se puede objetar parte de la metodología —levantamiento vía telefónica, de teléfonos residenciales y celulares, una muestra de apenas ochocientos mexicanos, etc. Asimismo, el orden de las preguntas afecta los resultados que pueden parecer contradictorios. Pero no quiero referirme a estos detalles, sino más bien a ciertos números que me llamaron la atención. Todo esto en el contexto de una encuesta que muestra una muy elevada popularidad de Claudia Sheinbaum.
Primero, la importancia de los temas que me interesan. 52% de los encuestados respondieron que la inseguridad constituye el principal problema del país, menos que en junio, pero aun así una cifra notable. 19% escogieron a la corrupción como el principal problema, una tasa creciente, y significativa.
Ahora bien, 61% de los mexicanos en la muestra calificaron como mala o muy mala la manera en que Sheinbaum trata la seguridad, y 62% pensaron lo mismo sobre su desempeño ante la corrupción. Y aunque mejoró el dato, 69% califican como mala o muy mala la manera en que el gobierno trata el crimen organizado, que podría considerarse como un tema análogo o cercano a los dos primeros.
Son cifras aterradoras, si reflejan realmente la actitud de la gente. Que los encuestados al mismo tiempo aprueben el desempeño global de la Presidenta sin duda representa un consuelo para ella, pero no altera los números citados. Más bien estos confirman algunas apreciaciones que ya han aparecido en varias columnas.
Los mexicanos no sienten la mejora en la seguridad que presumen Sheinbaum, García Harfuch y las fuerzas armadas. Este escepticismo ya se había detectado en las encuestas de percepción de seguridad del Inegi. O bien sus números de homicidios, etc., han sido maquillados, como lo sugiere Sergio Sarmiento en su columna de ayer martes, o bien se requiere una reducción de la violencia al estilo de El Salvador para que la población sienta la diferencia. Estilo imposible, indeseable, e inaceptable en México.
La pésima opinión de la sociedad —según esta encuesta— sobre el combate a la corrupción por parte de la 4T hoy probablemente refleja los escándalos del último año, y el profundo y ancestral cinismo ante esta plaga mexicana. Como dijo Peña Nieto —no fue tan desafortunado su comentario— es un problema “cultural”.
El mexicano cree que todos los gobernantes son corruptos, se resigna ante esta inevitabilidad, y se queja sin necesariamente castigar a los responsables. En ocasiones sí: al PRI, en 2000, y de nuevo al PRI en 2018. Pero existen buenas razones para suponer que a pesar de considerar que Morena es tan corrupta como los demás, los votantes sufragarán a su favor en el 2027, con la nariz tapada y los hombros encogidos.
A menos de que la oposición logre hacer campaña sobre estos temas —el narcogobierno del que habla Alito— y que sigan surgiendo escándalos de la familia de López Obrador, de los gobernadores de la 4T, del despilfarro, robo y daño patrimonial al Estado por parte de los gobiernos de AMLO y de Sheinbaum.
Y si la Ley de Audiencias no logra silenciar a los pocos medios electrónicos críticos y que investigan. A base de columnas, aunque la Ley no sirva —como casi todas las leyes en México—, no juntan votos.
