Jorge G. Castañeda
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La respuesta cubana a la llegada de una nueva lancha rápida procedente de Florida con el aparente propósito de transportar familiares de la isla a Miami –o con la intención de provocar una insurrección o un enfrentamiento– evoca lo que sucedió cerca de la Habana en febrero de 1996. En aquella ocasión, en plena negociación con Clinton para avanzar en la normalización de relaciones iniciada por Jimmy Carter, las defensas aéreas cubanas derrumbaron dos avionetas de exiliados de Florida, muriendo dos ocupantes.
No sólo torpedearon así las negociaciones, sino que indujeron a Clinton a no vetar la Cuban Democracy Act, también conocida como Helms-Burton. Gracias a ello, el embargo de Kennedy se transformó en un acto del Congreso (sólo derogable por el Congreso).
En esta ocasión, parece que no habrá mayores consecuencias para Cuba en la relación con Trump: ni suspensión de pláticas secretas, si las hay, ni equivalente de un incidente tipo Golfo de Tonkin (el pretexto utilizado en 1965 por Lyndon Johnson para enviar tropas en masa a Vietnam).
Marco Rubio afirmó que habría consecuencias del deceso de cuatro personas, probablemente de nacionalidad norteamericana, pero también se cuidó al reconocer que apenas Washington inició una investigación.
No obstante, el episodio puede incidir en un debate en curso en Estados Unidos y en Miami. Un sector influyente del exilio cubano ha sido partidario desde principios de siglo de una aproximación moderada hacia la isla. Proponía, además del dialogo, el fin del embargo y una ayuda humanitaria inmediata, un proceso paulatino de apertura económica, de inversión privada local y extranjera, y de expansión del sector privado cubano.
Sólo más adelante debía hablarse de apertura política, de libertades, de elecciones, etc. En pocas palabras, un esquema parecido al de Carlos Salinas en México, Deng Xiao Ping en China, y Barack Obama para Cuba en 2015-2016.
En China, nunca pasó nada, en México sí, pero diez años después, y los cubanos le tomaron el pelo a Obama. Los partidarios de esta opción sospechan que Rubio la comparte, sobre todo a la luz de unas declaraciones suyas en Múnich después de su discurso, donde enfatiza la importancia de las reformas económicas en Cuba.
Otro sector cubano-americano sostiene lo contrario. Cree que si Estados Unidos no presiona de entrada por un cambio de régimen, ahora que la dictadura se encuentra postrada, sucederá lo que aconteció en China y en Cuba con Obama: mucha o poca apertura económica, ninguna apertura política. Insisten en que se hable de liberación de presos políticos, de libertades públicas, de elecciones y de reformas económicas al mismo tiempo. Al cabo de 67 años de dictadura, argumentan, cualquier retraso resulta inadmisible.
Me resulta difícil aceptar la primera tesis, pero veo su lógica. No es igual al esquema puesto en práctica por Trump en Venezuela, pero se parece: el acento recae en los temas económicos, es decir, el petróleo, y mucho menos en el regreso de los exiliados, el fin de la represión y la programación a corto o a mediano plazo de elecciones.
A la luz de la crisis humanitaria que azota a la isla, uno podría concluir que lo primero y más urgente reside en la llegada de ayuda, de petróleo, de asistencia para reparar o actualizar las centrales eléctricas, y que Washington debiera permitirlo. Pero eso sería hacer caso omiso de la voluntad de amplios sectores norteamericanos de acabar con el régimen, y de los réditos políticos y de legado que tal desenlace acarrearía para Trump y Rubio.
México podría desempeñar un papel en este debate, pero sólo si se resignara al fin de la dictadura y a coadyuvar a una transición justa, expedita y equilibrada. No parece ser el caso: Sheinbaum y López Obrador, como la mayoría de sus colaboradores, son castristas hasta la médula. Allá ellos.
