Chihuahua, Chih.- Los delitos de corrupción continúan porque el 95% se quedan impunes y la impunidad no tiene castigo, de acuerdo a las estadísticas de 2010 a 2016, aseguró Luis Daniel Vázquez Valencia, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso), durante el Foro Nacional Anticorrupción organizado en la Ciudad de Chihuahua.
La impunidad no se tiene ninguna sanción “ni en materia penal ni en materia administrativa, ni responsabilidad política, ni en responsabilidad de derechos humanos” que son los cuatro distintos tipos de responsabilidad, señaló el especialista, aun cuando la impunidad se refiere a la violación de derechos humanos, corrupción o acto criminal.
Por tal motivo el castigo a la corrupción no es agravar penas, sino “construir mejores investigaciones y pensar en la responsabilidad como un sistema que pasa por lo penal, administrativo, derechos humanos y materia política”. Y en México se tiene impunidad en los 4 tipos.
El especialista consideró que se requiere una profesionalización pues los ministerios públicos no están capacitados en estos temas, como lavado de dinero y enriquecimiento ilícito, porque el principal problema de los actos de corrupción es que “las instituciones se encuentran abiertamente capturadas” respecto a las policías, fiscalías e incluso los gobiernos, y el “Estado se convierte en el principal obstáculo”, por tal motivo urge una recuperación de estos órganos.
Perseguir delitos en administraciones pasadas y no en actuales también es corrupción
César Chávez Flores, exvisitador general (subprocurador) de la Procuraduría General de la República (PGR), del 2009-2012 y 2015-2016, apuntó que al perseguir el delito solo en las administraciones y no en las que están en función, es selectividad de justicia y “es otra forma de impunidad”.
César Chávez Flores, en su intervención sugirió que los componentes prioritarios para integrar a las fiscalías Anticorrupción deben ser los de casos emblemáticos cometidos por funcionarios públicos, según el nivel, el monto del quebranto y la trascendencia mediática.
Agregó que el manejo del recurso público, del enriquecimiento ilícito y delitos de cohecho y extorsión, debieran ser los tres bloques fundamentales a abordar por las fiscalías Anticorrupción.
