En el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) hay una bolsa de dinero pendiente, aunque no se trata de recursos públicos frescos que pudieran aliviar las recientes presiones sindicales para aumentar salarios.
En cambio, ahí se han acumulado denuncias de derechohabientes por presuntas cirugías mal realizadas —incluida la pérdida de alguna extremidad— o supuestas negligencias en la atención de enfermedades.
Hasta el momento, las personas han reclamado indemnizaciones por un monto acumulado de 23 mil 407 millones 863 mil pesos. Sin embargo, el IMSS considera que la posibilidad de que procedan los reclamos por cantidades que califica de excesivas es “nula”. Además, muchos casos aún están pendientes de resolución ante los tribunales y juzgados.
“El importe es indeterminado”, según consta en el Informe sobre Pasivos Contingentes, correspondiente al pasado 30 de junio revisado por El Sol de México.
En este análisis, el IMSS acepta la posibilidad de que algún juez o magistrado ordene el pago de indemnizaciones por presuntas negligencias médicas.
No obstante, el organismo también considera que primero debe agotarse el procedimiento para saber si el Estado tienen que hacerse responsable de lo sucedido con algunas personas dentro de clínicas y hospitales.
En la instancia de juicio contencioso es nula la probabilidad de que se condene al Instituto a cantidades excesivas reclamadas en los escritos de reclamación.
“Pedro” (nombre ficticio para ocultar la identidad de la familia denunciante), un joven de 19 años hoy permanece en estado de mínima consciencia luego de una intervención quirúrgica en 2021, dentro de la Clínica 1 del IMSS en Saltillo, Coahuila.
Antes de quedar postrado en cama, el adolescente, que entonces cursaba el segundo año de secundaria, padecía las consecuencias de una anomalía llamada “hipospadias”. Se trata de una malformación en la cual el orificio de la uretra se encuentra en la parte inferior del pene y no en la punta.
“En marzo de 2021 acudimos a una cirugía programada para un cierre de fístula uretrocutánea (derivada de sus operaciones previas). Pasaron los años, él entra a la adolescencia y, a los 13 años, empieza a filtrar orina por ese orificio, uno bien pequeñito; entonces lo llevé, lo checaron y los médicos programaron una nueva operación”, explicó la madre de “Pedro”.
El día de la cirugía, el anestesiólogo informó a la familia que el procedimiento se realizaría con adormecimiento de la cintura para abajo; sería ambulatorio y tendría una duración de entre 20 y 40 minutos. La intervención inició a las 9:00 horas; pero transcurrió toda la mañana y, alrededor de las 15:00 horas, el médico le dijo a la madre de Pedro: “tu hijo cayó en paro respiratorio”.
El cirujano me dijo: ‘yo estaba operando y de repente lo vi que se puso azul y pálido. Entonces, termino la operación y pues descubrimos que estaba en paro’. Esa fue la explicación que el doctor me dio. No lo podía creer; me comentó que habían tardado en sacarlo del paro y que lo intubaron…
Mamá de Pedro
También salió el anestesiólogo para asegurar: “¡no fue la anestesia, no fue la anestesia!”. La madre de Pedro insistió en tener una respuesta más amplia. Fue entonces cuando el especialista reveló que el paro duró cinco minutos y que, en ese momento, su hijo se dirigía a terapia intensiva con las manos y los pies azulados.
A las 23:00 horas informaron que Pedro quizá no pasaría la noche, pues el daño cerebral era muy severo. Los médicos no supieron decir cuánto tiempo permaneció sin respirar y, por lo tanto, era propenso a sufrir otro paro cardíaco. Incluso, tuvo una convulsión.
Duró seis semanas intubado, periodo en el que tuvo dos veces neumonía y sufrió contracturas. El neuropediatra confirmó que la lesión cerebral era delicada y adelantó que tendría secuelas, si lograba despertar.
Ya cuando abrió sus ojos, que le quitan sedación y la intubación, se dan cuenta que no reacciona. No habla, no come, no puede tragar y no se expresa de ninguna manera.
Ante la postración, la mujer se empezó a hacer preguntas sobre lo pudo haber pasado en el quirófano y, entonces, ante la escasa información decidió denunciar.
Para nosotros lo que pasó con él fue más que nada un descuido, ellos se confiaron de que iba a ser una cirugía rápida, sencilla, ambulatoria y tal vez no pusieron la atención que debieron para monitorear bien sus signos vitales.
La familia acudió a un proceso de conciliación interna ante el IMSS, donde un dictamen determinó que el joven tiene una discapacidad permanente; sin embargo, el procedimiento no avanzó. Posteriormente, presentó una denuncia por la vía penal, pero no procedió. El último recurso fue demandar al IMSS y solicitar una indemnización; ese juicio continúa.
Ahí ya es contra el IMSS, pero esa ya es, más que nada, para pedir una compensación por el daño; esa es la que ahorita está en proceso. La demanda ya tiene cinco años y medio sin resolverse. Nosotros tuvimos que pagar un dictamen particular con un médico legista de aquí, de Saltillo, y ese dictamen salió a favor de mi hijo.
Ella aún no piensa en cuál será el monto final de la indemnización, pues es algo que no le genera mucha emoción: nada le devolverá a su hijo a como estaba antes ni compensará todos los daños colaterales. Ella enfermó de cáncer y a su esposo le detectaron diabetes. Además, las enfermeras y el médico involucrados no enfrentan ninguna culpa, por lo que la madre considera que no se hizo justicia.
Juicios para indemnización: la doble penuria
Cuando los pacientes de una institución como el Seguro Social se dan cuenta de que, además de la afectación a la salud, la atención médica no fue la adecuada o los recursos fueron insuficientes, enfrentan una doble penuria: luchar por su recuperación y buscar los medios necesarios para ser escuchados, opinó la abogada Nayelli Hernández Padilla, quien cuenta con 15 años de experiencia en temas de responsabilidad médica.
La especialista comentó que, desgraciadamente, el IMSS ha encabezado durante 20 años las listas de quejas ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y que, bajo esa lógica, aumentan los casos de pacientes que solicitan indemnizaciones por presuntos errores.
Explicó que con la abundante información disponible, sobre todo en redes sociales, los pacientes o quienes están alrededor de ellos tienen más acceso a saber cuáles son los procedimientos a seguir y se percatan de las posibles deficiencias o de los errores que muchas veces se cometen tanto en el sector público como en el privado.
Agregó que cada vez se cuestiona más al médico, quien ha perdido su posición de autoridad. Señaló que, en general, las personas están más informadas, por lo que dudan de los doctores y de las instituciones y, en consecuencia, reclaman sus derechos.
La especialista opinó que en el país falta cultura sobre la prestación de servicios de salud. Esto sale a relucir durante los procedimientos, pues a los pacientes se les entrega una carta de consentimiento que deben firmar y cuyos términos tienen la obligación de conocer. No obstante, al inicio de su atención, los derechohabientes confían ampliamente en sus médicos y omiten revisar esa parte.
Pero sucede que, cuando hay desencuentros con los profesionales de la medicina y recapitulan qué cosas firmaron en las cartas de consentimiento, ahí se dan cuenta de que no se enteraron de muchas cosas.
La abogada destacó la entereza de los pacientes que deciden emprender un procedimiento judicial, pues reclamar ante los tribunales resulta costoso, doloroso y, sobre todo, revictimizante.
“Los retos a los que se enfrenta un paciente dañado son muchos y, por ponerte un ejemplo, de primera mano no saben qué les pasó. Entonces, ellos tienen que recapitular y tienen, literal, que aprender medicina enfocada en su cuadro clínico, para explicarse a sí mismo qué le sucedió, en dónde estuvo la falla”, indicó.
El siguiente paso en la búsqueda de justicia es conseguir un abogado especialista en la materia, pues de ahí se derivan varias vías: penal, civil o administrativa. La responsabilidad patrimonial del Estado corresponde a esta última, con el objetivo de que responda el IMSS.
Es ahí cuando entramos al planteamiento de material probatorio y que muchas veces, lamentablemente, el paciente lo hace desde un lado ciego, es decir, se lo deja todo al abogado y luego el abogado se lo deja todo al perito y no hay un planteamiento de litis inicial.
La abogada aconsejó que, antes de recurrir a un juicio, los pacientes se informen bien sobre su caso y busquen dos o tres opiniones médicas. Una vez que conozcan lo que debía hacerse a nivel clínico, recomendó reunir medios de prueba preconstituidos, es decir, evidencia que se obtiene antes del juicio, como el expediente o las guías de práctica hospitalaria, que establecen los parámetros del buen actuar ante determinados padecimientos.
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