Jorge G. Castañeda
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Los acontecimientos de los últimos días en Washington y en Davos confirman lo que ya se sabía: Donald Trump es totalmente imprevisible. Ventaja o peligro para él pero, en todo caso, incertidumbre y confusión para todos los demás.
Con la creciente tensión entre Estados Unidos y Canadá –en ambas direcciones– y con los tiempos que se empiezan a acortar, el destino del T-MEC se antoja cada día más difícil de vaticinar.
Se va fortaleciendo la hipótesis de dos acuerdos bilaterales de Estados Unidos con Canadá y con México y, en su caso, aunque no tendría demasiada importancia, otro acuerdo bilateral entre México y Canadá.
La propia negociación tendrá sus aspectos técnicos de gran complejidad debido a los cambios que muchos sectores en Estados Unidos ya han solicitado por medio de las audiencias con el representante especial de comercio (USTR).
Uno de los enigmas sigue siendo la difícil determinación del umbral de cambios en cuanto a las obligaciones de Estados Unidos a partir del cual sería necesario que el congreso norteamericano –ambas cámaras– lo aprobara de nuevo.
Obviamente, si el actual acuerdo entre tres se convirtiera en dos acuerdos entre dos, dicha ratificación se volvería imperativa. En cambio, si se mantiene el acuerdo trilateral y Estados Unidos pide pocos cambios en cuanto a sus obligaciones, no en cuanto a las de México o de Canadá; y si México y Canadá prácticamente no proponen modificaciones; y si Trump es capaz de imponerle a su mayoría republicana el acuerdo en no volver a votar el instrumento en el Congreso, no es imposible que todo esto se logre antes de las campañas electorales para las elecciones de medio periodo que comienzan en septiembre.
Son muchos si, y al revés, si México y Canadá piden cambios sustantivos; o si el equipo de Trump impone cambios en las obligaciones de Estados Unidos; si hay un grupo de republicanos contrarios al acuerdo en la Cámara de Representantes que se unan a los demócratas para exigir un debate y una votación por lo menos en esa cámara, entonces es muy posible que el proceso entero se prolongue hasta la primavera de 2027.
Todo esto debiera ser algo muy estudiado, discutido y procesado tanto por la presidenta como por sus colaboradores pertinentes: Economía, Hacienda, Trabajo y, desde luego, Relaciones Exteriores.
Y ella debe tener también muy clara la evolución de todo ello, no sólo a partir de lo que es de dominio público –el discurso de Carney en Davos, sus viajes a China y al Golfo Pérsico, etcétera– sino también el día a día que le reporta el equipo negociador de la Secretaría de Economía. Se supone que así lo hacen, y que lo hacen además de manera honesta, completa y sin trampas.
Pedirle eso al secretario de Economía es un poco excesivo en vista de su trayectoria política desde hace ya más de 40 años. Pero el problema va más allá de la personalidad del titular de esa cartera.
En un libro importante, interesante y altamente legible, José Ramón López-Portillo confirma y desarrolla su tesis anterior sobre las explicaciones posibles de la crisis de 1981-1982 en la presidencia de su padre.
En Tres Crisis apunta de nuevo José Ramón que una de las explicaciones de la crisis fue la diferencia –casi abismal– entre las cifras del déficit fiscal para 1981 y 1982 que le presentaron, por un lado, la Secretaría de Hacienda, encabezada por David Ibarra y, por el otro, la Secretaría de Programación y Presupuesto, cuyo titular era Miguel de la Madrid.
Ambos eran fuertes contendientes para suceder a José López Portillo, y aunque en varios textos este último ha señalado también a Javier García Paniagua como posible sucesor, en realidad siempre he pensado, y creo que muchos que han estudiado ese proceso lo piensan también, que los finalistas fueron David Ibarra y De la Madrid.
Dice José Ramón López-Portillo que el error sucesorio provino de la politización de la política económica. Consistió en tener en las secretarías de Hacienda y de Programación y Presupuesto a candidatos a la sucesión. Eso los obligaba a presentarle escenarios color de rosa a López Portillo, y en particular a presentar subestimaciones del tamaño del déficit, sobre todo en 1981.
En particular, es cierto que De la Madrid, según José Ramón, maquilló las cifras mucho más que David Ibarra. Incluso en algún momento, cuando estalla la crisis y antes de su renuncia, López-Portillo le atribuye a Ibarra una sonrisa y un “ya ve, se lo dije” en la cara.
La subestimación por parte de SPP y de MMH llevó a López Portillo a subestimar la gravedad del déficit y de la crisis en ciernes. En este libro de José Ramón se publica una larga carta que me envió Miguel de la Madrid en 1999 cuando citando la tesis de doctorado en Oxford de José Ramón con estas mismas explicaciones, me responde a la argumentación de José Ramón López-Portillo. Este, a su vez en su libro actual, no le responde al expresidente, porque ya falleció, pero sí da su respuesta, digamos, para el lector.
Todo esto viene a colación porque tener a un obvio candidato a la presidencia de la República para 2030 en un puesto tan sensible hoy como la secretaría de Economía puede encerrar el mismo riesgo que le tocó a López Portillo. Y, por cierto, a De la Madrid también, durante el periodo en que coincidieron en su gabinete Jesús Silva Herzog en Hacienda y Carlos Salinas de Gortari en Programación y Presupuesto.
Más allá, insisto, de la personalidad y el historial del titular de la secretaría de Economía, se puede considerar un error colocar en esa situación a alguien que por definición tiene que presentarle escenarios color de rosa a su jefa.
No tengo la menor idea si eso es lo que hace Ebrard o no, pero sé que cualquier persona lo haría, a menos de que sea uno de los ángeles a los que se refería James Madison en The Federalist Papers. Suerte.
