No cabe duda que una de las razones por la cual la llamada “partidocracia” ha sufrido un gran desprestigio, es debio a que en la selección de personas que han de ocupar diversos puestos públicos, los partidos políticos se ponen de acuerdo para repartirse los mismos designando a personas afines a ellos, con el fin de obtener prebendas para sus diversos intereses.
Por estas razones, los órganos autónomos han venido perdiendo a pasos agigantados el prestigio que deberían tener. Por desgracia, al pasar esto en los niveles de un Poder de la Unión, como lo es el Poder Judicial de la Federación, con la Suprema Corte de Justicia y el Consejo de la Judicatura Federal, se da el fenómeno de que cuando una institución del Estado Mexicano obra en contra del Estado de Derecho, protegiendo intereses de algún partido político, cuando se revisa esto en el Poder Judicial, la resolución sale sesgada para proteger los intereses de alguno de los partidos.
De esta manera, lo que prevalece no es el dictado de la ley, sino el mandato de alguno de los partidos que ejercen su “cuota”, protegiendo intereses de múltiples factores reales de poder y no los intereses de la Nación, en respeto del Estado de Derecho.
Por estas razones, el caudillo AMLO ha dicho en repetidas ocasiones que en nuestro país gobierna la “Mafia del Poder”, y en sus desplantes ha dicho “al diablo con las Instituciones”.
Uno de los cambios de fondo que debemos de realizar lo antes posible, precisamente para fortalecer a nuestras Instituciones de Estado, y para que el Estado de Derecho adquiera plena vigencia, es establecer mecanismos que eviten las cuotas de partido en la designación de los funcionarios.
Hay mucha gente que de forma radical quiere que se quite la facultad a los “políticos” para realizar estas designaciones. Sin embargo, no debemos permitir que estos radicalismos prevalezcan, porque fácilmente podemos caer en un desorden institucional.
Lo que es necesario poner en práctica de inmediato, son métodos objetivos para la selección de los funcionarios, sin que se caiga en cuotas partidistas.
Intereses de todo tipo se encuentran flotando en el espacio sideral de la política, y en la medida de que se hagan las designaciones de la forma más objetivamente posible, saldremos bien librados en fortalecer a nuestras Instituciones y al Estado de Derecho.
Solo así México tendrá oportunidad de ser considerado como un país serio, que se ciñe a las “reglas de juego”, que generan certeza y seguridad jurídica para brindar protección y piso parejo para sus habitantes, incluyendo a los llamados “ciudadanos corporativos”, en donde se agrupan los inversionistas nacionales y extranjeros que arriesgan sus capitales al hacer negocios en México.
¿Cómo podemos lograr eliminar estos intereses partidistas que están haciendo garras a las instituciones? Pues existen innumerables métodos. La mayoría de los países desarrollados del mundo no tienen necesidad de establecer candados para evitar esto, debido al balance que tienen en su entramado institucional o por su cultura democrática y de desarrollo ético en la función pública.
Por desgracia, en México carecemos de todo ello. Por eso, es necesario establecer mecanismos especiales que garanticen sacar los intereses de los partidos políticos de estas designaciones.
El mejor método que sugiero se utilice, es uno que logre dejar a los mejores perfiles para las características del puesto, mediante la elaboración de requerimientos estrictos que no dejen lugar a decisiones discrecionales.
De esta forma, se desactivaría la intervención de los partidos políticos, que en infinidad de ocasiones no se enfocan a los mejores fines e intereses de la Nación.
Es por eso que el poder y la fortaleza de las Instituciones del Estado Mexicano se han ido deteriorando, abriéndose peligrosamente los espacios de los líderes mesiánicos.
Ahora bien, si se cumplen los perfiles necesarios a cabalidad, pero persiste en los candidatos y futuros funcionarios designados el sesgo partidista, entonces se necesita encontrar un mecanismo para eliminar a esos prospectos de alguna manera para que no desarrollen su función, con el inconveniente de que en un momento dado, sus decisiones vayan manchadas por intereses particulares y no por los mejores intereses de México.
El mecanismo que hasta ahora me convence es el llamado de “tachar” al prospecto funcionario, sin necesidad de aducir razón alguna. Es decir, que haya un autocontrol dentro de los mismos partidos políticos o legisladores apartidistas, que por cierto, no necesariamente están libres de intereses y sesgos particulares.
De esta manera, los prospectos de funcionarios cumplirán con dos requisitos:
El perfil objetivo que requiere el puesto.
Que sean intachables.
Así, los funcionarios que los cumplan, simplemente serían seleccionados al azar.
De esta manera, se puede asegurar la subsistencia y fuerza de nuestras instituciones, para poder aspirar por fin a entrar al mundo del desarrollo.
