Al presidente López Obrador no le interesa una reforma electoral, sino sólo reducir el dinero de los partidos políticos para destinarlo a programas sociales. Mario Delgado, coordinador de los diputados de Morena, ha dicho que es una prioridad. Alfonso Ramírez Cuéllar, el presidente interino del partido, mandó una carta a los demás dirigentes de los partidos para llamarlos a la “unidad”, ser sensibles al malestar ciudadano y destinar los ahorros para superar la pobreza y miseria de millones de mexicanos.
Esta propuesta ya fue rechazada a fines del año pasado con el voto de los aliados de Morena –el Partido Verde y el Partido del Trabajo– que le dieron la espalda. Si la iniciativa se presenta en los mismos términos: reducir a la mitad el financiamiento público de la noche a la mañana sin considerar el tema como parte de una agenda global que resuelva los problemas de la relación entre dinero y política, será nuevamente sepultada.
La iniciativa carece de la envoltura política y conceptual para que sea virtuosa. Por una parte, se utiliza el argumento de contar con más recursos para programas sociales. Pero falta una reflexión de las implicaciones para el sistema de partidos. Creo que la medida puede fortalecerlos, siempre y cuando sea de forma gradual. También creo que ello requiere pensar de forma paralela qué hacer con el financiamiento privado y con los topes de gasto de campaña. Pero la iniciativa presidencial solo aborda quitarles a los partidos para darles a los mexicanos más vulnerables.
No hay una explicación razonada de por qué el recorte debe ser del 50 por ciento. ¿Y por qué no 70 por ciento –el mismo porcentaje de la renuncia voluntaria de Morena a sus prerrogativas? ¿O por qué no eliminar por completo el financiamiento público y así tendríamos aún más dinero para programas sociales? Tomar como referencia 50 por ciento sin una motivación de la cifra es tan arbitrario como lo fue reducir el salario del presidente a un monto que carecía de una explicación que ha dado pie a múltiples litigios.
Tampoco se ha discutido si esta reducción debe ser gradual o inmediata. La propuesta de Morena rechazada el año pasado proponía una reducción abrupta, de la noche a la mañana; pero si se busca mantener la funcionalidad del sistema de partidos sería mejor un proceso gradual. Eso es, que se vaya ejecutando a lo largo de varios años, de tal forma que los partidos puedan ir adaptando su funcionamiento, su tamaño y su operación a ese propósito.
También es necesario reflexionar qué hacer con las reglas del financiamiento privado: si se reduce el componente público, sería deseable estimular que los partidos recurran más al fondeo de sus militantes, simpatizantes y del público en general. No obstante, hay una suerte de fetiche en contra del financiamiento privado porque se piensa que es vender la política a intereses económicos. Desafortunadamente eso ya ocurre, pero por debajo de la mesa; de tal forma que sería mejor regular, transparentar y establecer topes más realistas de lo que puede donar un particular para una campaña. Este tema no está tampoco sobre la mesa de discusión.
Finalmente es importante discutir los topes de gasto de campaña. Hoy son absurdamente irreales y por ello violados sistemáticamente por buena parte de las campañas. ¿Se deben adaptar al alza o mantenerlos en sus niveles actuales? ¿Cómo estimar el costo deseable de una campaña política en México?
Si López Obrador y Morena mandan la misma iniciativa que solo enuncia la reducción del 50 por ciento de los fondos públicos de los partidos, sin abordar de forma global los problemas del dinero en la política, será una oportunidad perdida. Aun si fuese aprobada por el Congreso, se mantendrán y aun acrecentarán los graves problemas del financiamiento ilegal de campañas políticas.
Será una iniciativa que brindará un masaje emocional y de desahogo a la población, sin atacar las causas profundas de la corrupción que se da entre quienes donan dinero a campañas a cambio de tener acceso a contratos y permisos.
