Somos muchos los que desde hace años interminables hemos pugnado por la idea de una comisión, o varias comisiones, de la verdad, de justicia y de investigación en México. Tuve la oportunidad de hablar de ello, en compañía de Margarita González Gamio, con Diana Laura Rojas de Colosio, en 1994. Luché por ello antes de la toma de posesión de Vicente Fox en el 2000 y durante los primeros dos años de su gobierno. He defendido la idea en múltiples foros internacionales, no sólo para México sino para muchos otros países donde se ha realizado. Y por último, en tiempos recientes, junto con muchos otros, he empujado esta idea dentro de la campaña de Ricardo Anaya, en particular con el agregado de la cooperación internacional, tomando como ejemplo –no como modelo– la CICIG en Guatemala.
Por eso no puede más que ser motivo de gran alegría y satisfacción que el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito con sede en Tamaulipas haya fallado ayer que, ante la solicitud de amparo presentada por familiares de las víctimas de Ayotzinapa y por cuatro de los procesados ante la desaparición de los 43 estudiantes, se debe crear una comisión de investigación de la verdad, compuesta por la CNDH, los familiares de las víctimas, la PGR, y el Ministerio Público, para reponer enteramente el proceso, ya que la investigación del caso no fue pronta, efectiva, independiente ni imparcial.
El Tribunal Colegiado afirma con o sin razón, y creo que con razón, pero ya lo verá la Suprema Corte en algún momento, que las instancias de administración de justicia mexicana existentes no funcionan. Sostiene que por un lado, el hecho de no haber interrogado o escuchado o investigado a otros posibles actores en la masacre de los 43 estudiantes –el Ejército, la Policía Federal– y aceptar testimonios de personas que fueron efectivamente torturadas o que la PGR no pudo demostrar que no lo fueron, invalida la llamada “verdad histórica”. Yo no sé si la verdad histórica es verdad o no. No descarto, sería deshonesto de mi parte decirlo, que en efecto la “verdad histórica” haya sido verdad. Pero lo que resulta evidente es que el proceso, el sistema, el andamiaje, la estructura de la administración y procuración de justicia en México, no sirven de nada. Y por eso el Tribunal Colegiado pide que se construya una institución ad hoc para paliar esa insuficiencia.
¿Prosperará la comisión de investigación de la verdad ordenada por el Tribunal Colegiado? Quién sabe. Sin duda el gobierno la llevará a la Suprema Corte; EPN ha podido “cargar” la Corte a un grado tal que posiblemente cualquier fallo contrario al propio EPN o a su legado sea rechazado. También es posible que, aunque la Corte respaldara al Colegiado, los obstáculos financieros, burocráticos, jurídicos y de todo tipo, resulten tan adversos que no sea posible avanzar por esta vía. Pero por el momento se trata de un avance considerable.
¿Qué falta? En primer lugar, la cooperación internacional. Afortunadamente, en esta materia, la aportación del GIEI, aceptada por Peña Nieto,
–debe reconocérsele el hecho de haberlo admitido, quizás sea uno de los mayores aciertos de su gobierno– sienta un precedente para que dicha comisión de la verdad, dictaminada por el Tribunal Colegiado, pueda contar con esa asistencia. En segundo lugar, el hecho de que sean la CNDH y los familiares de las victimas quienes determinen las líneas de investigación de la comisión de la verdad, sienta un precedente. El precedente puede o no tener continuidad. Ya veremos. Pero el hecho de que en la jurisprudencia mexicana ya nadie pueda alegar que se trata de injerencias externas, ideas exóticas, tesis ajenas a nuestra idiosincrasia, o cualquier otra imbecilidad diazordacista, es un gran avance. Gracias al Tribunal Colegiado radicado en Tamaulipas.
