José Woldenberg
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La Comisión Nacional de los Derechos Humanos nació en 1990 por decreto presidencial como un órgano desconcentrado de la Secretaría de Gobernación. Los abusos y violaciones que se hacían (y hacen) desde las instituciones del Estado contra ciudadanos merecían ser atajados y las personas debían contar con un conducto para defenderse.
Sobre el pasado inmediato, además, se recordaba la cauda de violaciones cometidas durante la llamada guerra sucia, en la cual policías y miembros de las fuerzas armadas cometieron asesinatos, secuestros, torturas, desapariciones forzosas y se llevaron a cabo “juicios” sin garantías. Ello puso en acción a agrupaciones civiles que demandaron justicia y reparación del daño.
Gracias a la decisión y valentía de Jorge Carpizo, su primer presidente, la CNDH se convirtió en una efectiva institución que documentó y denunció violaciones a los derechos, que incluso cometió el Ejército (esa denuncia fue insólita en aquellos tiempos). Y para 1999 se llegó a la conclusión que por las tareas que tenía asignadas debía convertirse en un órgano autónomo, no adscrita a ninguna dependencia del Ejecutivo. De hecho y de derecho, la labor de la CNDH era (y supuestamente es) la de plantarse frente a las instituciones estatales que cometían violaciones a los derechos de los ciudadanos en muy diferentes campos y proteger a éstos frente a las autoridades.
Pero a estas alturas ya sabemos que a la actual coalición gobernante no le gustan las autonomías. Le parecen un fruto perverso del neoliberalismo y lo que reclaman es el alineamiento acrítico de las dependencias al mando presidencial. No se entiende que organismos autónomos como la CNDH podrían incluso serle útiles a ellos, porque por más informado que esté el presidente/a no puede saber lo que todos los días sucede en el enjambre de dependencias que están bajo su mando. Bien visto, una CNDH autónoma podría ser una aliada de su gestión.
No obstante, el resorte autoritario, las ganas de barrer con cualquier contrapeso u órgano de vigilancia, están más aceitados que nunca. Ahora fuimos testigos del triste y lamentable espectáculo de la reelección de la titular de la CNDH de la manera más desaseada posible. Si no fuera trágico, sería risible. Como una historieta de Rius en San Garabato.
El Senado emitió una convocatoria para que los interesados se inscribieran en un proceso que sería de evaluación y selección. Varias decenas de candidatos se presentaron y comparecieron ante las comisiones de Derechos Humanos y Justicia.
Pero oh, sorpresa (bueno ni tanto, conociendo como “decide” ahora la mayoría congresual), aunque Rosario Piedra Ibarra recibió una de las calificaciones más bajas, a pesar de que la inmensa mayoría de las agrupaciones civiles especializadas en la defensa de los derechos humanos cuestionaron su gestión, aunque se publicitó con amplitud la inacción de la Comisión en temas centrales (migrantes, desabasto de medicinas, abusos de la Guardia Nacional u ataques contra periodistas, entre otros) y a pesar de las manifestaciones públicas de senadores morenistas que no estaban de acuerdo con esa reelección, al final, llegó la orden de cerrar filas y votar por la señora Piedra.
Su mérito: no molestar ni con el pétalo de una rosa al gobierno pasado. Y repito: una CNDH que no enfrenta las violaciones que cometen diferentes instituciones del Estado acaba por convertirse en lo contrario de aquello para lo que fue creada: cómplice del gobierno y desamparo para los ciudadanos.
