Esta tarde, el presidente municipal de Juárez, Armando Cabada Alvídrez, se presentó en el Juzgado Sexto de Distrito para solicitar un amparo contra cualquier orden de aprehensión que pudiese girarse en su contra.
El presidente Armando Cabada Alvídrez arrastra al término de su mandato 2016-2018 una larga lista de denuncias administrativas y penales que enfrenta por parte de regidores priistas, e independientes, periodistas y aspirantes a candidatos, entre otros líderes de la sociedad civil.
Enfrenta al menos ocho denuncias por diversos motivos, una de ellas estaría relacionada con la comisión de delitos electorales, que en días pasados presentó Javier González Mocken, virtual ganador de la alcaldía, a través de su abogado Federico Solano.
Otra denuncia estaría relacionada con el uso indebido de recursos públicos que interpuso en su contra el síndico Aarón Yañez, en la Fepade, en mayo pasado.
Una de las denuncias interpuestas en contra del presidente corresponde a la regidora independiente, Irma Medrano, integrante de su propia fracción política, por los cargos de violencia política de género, uso indebido del cargo, uso indebido de recursos públicos, hostigamiento, violencia económica y abuso de poder.
Las discrepancias con la regidora Medrano motivaron al presidente a suspenderle una compensación de 22 mil pesos que reparte a todos sus colaboradores de manera discrecional, incluyendo a los representantes del ayuntamiento.
Cabada tiene en su contra una demanda del cartonista Juan Alfredo Hernández “Pillo”, por supuestos actos anticipados de campaña puesto que recurrió a los medios electrónicos donde tiene influencia para reunir las firmas de apoyo ciudadano para la reelección, lo cual está prohibido por la ley.
El conductor de Televisa, Héctor González, también tiene interpuesta una denuncia contra el presidente municipal ante la Fiscalía General del Estado, por la comisión de los delitos de amenazas y agresiones físicas y verbales en perjuicio de sus derechos de libertad de expresión, sin que por esto tenga que exponer su vida ni su integridad física.
El Síndico denunció al alcalde ante la PGR-Fepade ya que el director de Obras Públicas, Gerardo Silva Márquez tiene una relación de conflicto de intereses con el constructor Gilberto Contreras ya que ambos integraron una fórmula para contender como diputados, al mismo tiempo que el funcionario de la administración independiente, en el ejercicio de sus facultades, le asignó diversos contratos de obra pública, entre otras presuntas anomalías.
Las regidoras priistas Seydy Medina y Laura Tapia tienen una demanda de tipo administrativo contra el mismo Cabada, ante el Congreso del Estado de Chihuahua por supuestas omisiones y violaciones a la legislación relacionadas con la implementación de proyecto Juárez Iluminado.
Las representantes del Cabildo consideraron que Cabada se extralimitó en sus funciones ya que su “emblemático” proyecto tenía que pasar por la decisión del Poder Legislativo.
El panista y abogado Carlos Angulo Parra también lo demandó ya que cuando puso en marcha su mismo proyecto de iluminación no tomó en cuenta la autorización del Congreso, en los términos de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.
La activista Victoria Caraveo Vallina tiene una demanda pendiente de resolución ante la Comisión de Derechos Humanos luego de que en declaraciones del alcalde, la convirtió en blanco de agresiones cuando la responsabilizó públicamente del deficiente servicio de alumbrado público, sólo porque se opuso a su proyecto insignia de iluminación.
Con información de El Norte
