Nosotros, los que vivimos en la Frontera tenemos vivencias que los mexicanos que habitan fuera de ella no experimentan, estamos constantemente expuestos a sucesos acontecidos fuera del país, a modas y costumbres que vienen de fuera, así como a oportunidades legales e ilegales que se nos presentan. Una de estas oportunidades es la de ser propietario de un automóvil usado a un precio módico.
Muchas veces estos vehículos son traídos al país por la gente, aprovechándose del sistema liberal que tenemos en la frontera para introducir mercancía de procedencia extranjera. Es decir, someternos al llamado “semáforo fiscal”, que si te toca en verde y traías mercancía no permitida (como un vehículo sin que haya pasado por los procedimientos de importación), pasas y nada pasa.
Así, se han venido introduciendo al país miles y miles de carros, que se les ha denominado como “autos chocolate”, porque se parece a la palabra chuecos. Que son vehículos automotores de pasajeros que no se sometieron ni al procedimiento aduanal ni al pago de impuestos, permisos y derechos especiales para su introducción legal al país.
En materia de seguridad pública, este tipo de vehículos se ha tornado desde hace muchos años en una oportunidad para que los criminales huyan en ellos después de que cometen actos delictivos, puesto que no se pueden rastrear los mismos porque no tienen placas de identificación vehicular, ya que carecen de documentos que amparen su legal estancia en el país.
Ahora bien, este fenómeno se presenta en la Frontera por varias razones, primeramente, porque estos vehículos son asequibles para la gente que gana bajos salarios. Asimismo, es casi indispensable usar un vehículo por lo grande de nuestras fronteras en extensión territorial y porque nuestras ciudades adolecen de un sistema de transporte público adecuado. Todos estos factores, combinados con sus precios bajos y su fácil introducción al país, hace que los carros chocolate se hayan convertido en un gran problema en el país, especialmente en las fronteras.
Pero veamos, ¿por qué no podemos importar legalmente automóviles usados en México, sin tener que pagarle al gobierno fuertes sumas de dinero, si tenemos, por ejemplo, disposiciones en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que permiten este año introducir automóviles de modelos 2015 y más antiguos sin pagar impuestos de importación?
Esto sucede por una simple razón, porque para poder importar un vehículo usado, en los términos del TLCAN, es necesario que contar con un documento que acredite que el producto fue manufacturado en territorio de un país perteneciente al Tratado, siguiendo las reglas del mismo para acreditar el origen de dicho automóvil, y los fabricantes no los están expidiendo.
Al suceder esto, se les está quitando a los consumidores mexicanos (tenemos entendido que también a los canadienses), el poder importar vehículos usados pagando solamente el 16% del IVA y los trámites de importación, por lo que si desean traer legalmente un carro usado de importación, tienen que recurrir a utilizar “los beneficios” que el SAT otorga para su importación, fuera de las reglas del TLCAN, terminando pagando sumas muy superiores a las que se hubieren pagado en los términos del Tratado.
Todo lo anterior conduce al consumidor mexicano a “jugársela” introduciendo el automóvil usado adquirido, primeramente, a que le salga “luz verde” cuando cruza el carro por la aduana fronteriza, y luego a que el mismo le sea decomisado o por la policía fiscal del SAT, o por la policía municipal (por no contar con placas de circulación) y, ahora recientemente, en mi estado de Chihuahua, la Fiscalía General acaba de anunciar que sus agentes ministeriales y la policía estatal podrán decomisar vehículos que no cuenten con placas.
Tengo múltiples comentarios respecto a esta problemática enunciada, y les comparto algunas preguntas:
¿Por qué los fabricantes no expiden certificados de origen?
¿El no expedirlos es legal?
¿Acaso no se podría considerar una práctica monopólica el no expedir los certificados de origen?
¿Se puede obligar a los fabricantes a expedir los certificados de origen?
¿Se puede obligar al gobierno mexicano a solicitar al gobierno de Estados Unidos a que se realicen las acciones necesarias para la expedición de los certificados de origen?
¿Hay alguna forma de obligar al gobierno mexicano a aplicar los términos del tratado con algunas reglas que pudiera poner para identificar los vehículos de origen estadounidense a falta de los certificados de origen?
¿Con la expedición de los decretos del SAT no se están alentando prácticas monopólicas de los fabricantes estadounidenses de vehículos?
Estos y muchos otros aspectos los vamos a intentar dilucidar en un próximo Foro que estamos organizando con la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, en donde invitaremos a las partes involucradas del gobierno y los agentes económicos que participan en esta problemática, esperemos obtener respuestas y soluciones.
